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Colombia abrió el camino para que combatientes de bandas criminales se sometan individualmente a la justicia a cambio de beneficios como reducción de penas y planes de reinserción social, en busca de debilitar las estructuras militares de esos grupos, anunció el miércoles el alto comisionado para la paz.
Hasta ahora, solo los integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) podían acceder a este procedimiento, pero el Gobierno del presidente Iván Duque decidió ampliarlo a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Caparros.
Todos estos grupos, que suman más de 6.000 combatientes, están activamente vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal y violaciones a los derechos humanos como asesinatos, masacres, secuestros, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y siembra de minas antipersonales, según fuentes de seguridad.
“En este caso no estamos en el escenario de un sometimiento colectivo sino individual, uno a uno, se establece una línea de sometimiento”, dijo en una conferencia de prensa virtual el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. “Las circunstancias de presión por el éxito de las operaciones armadas hacen pensar que esta ruta pueda ser asumida por varias personas”.
Ceballos aclaró que el proceso no es una negociación de paz del Gobierno con esas organizaciones armadas. El Gobierno de Duque ha descartado iniciar una negociación de paz con el ELN hasta que ese grupo libere a las personas que mantiene privadas de la libertad, suspenda el reclutamiento de menores de edad y la siembra de minas antipersonales.
Al anochecer del miércoles el Duque anunció que 20 integrantes del ELN se entregaron a las autoridades militares en una zona montañosa del departamento del Cauca, al suroeste del país, para acogerse al programa de desmovilización. Reuters
