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La Procuraduría General de la República alertó que en tres gobernaciones y 15 alcaldías se habría entregado una cifra cercana a los 6.000 millones de pesos en contratos a financiadores de las campañas, los cuales estaban inhabilitados para concursar.
El Ministerio Público llegó a esa grave conclusión al analizar las denuncias recibidas por diferentes organizaciones, que darían cuenta de adjudicaciones irregulares de contratos.
Las administraciones que están en la mira son las gobernaciones de Vichada, Atlántico, y Boyacá, así como seis municipios en Antioquia y otros en el Valle del Cauca, en el Caquetá y Cesar.
“La Procuraduría estableció que esos 52 contratos suman $5,831,600 millones, lo que representa un retorno del 939,5% frente a los $620,740 millones que entregaron los financiadores en 2019.
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Por último, el Ministerio Público le solicitó a esas administraciones la suspensión de los contratos, además, informó que se abrirán indagaciones a los gobernadores y alcaldes implicados es estas irregularidades.
