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La orden de detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe es apenas el comienzo de una larga travesía por el desierto en el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
El alto tribunal determinó ayer que el exmandatario y senador será privado de su libertad porque, al hacer un “riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal”, encontró “posibles riesgos de obstrucción de la Justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos” que lo involucran.
La decisión de la Corte Suprema ha causado una enorme controversia en el país, donde la figura de Uribe es venerada por sus seguidores y cuestionada con severidad por sus opositores, uno de ellos el senador Iván Cepeda, contraparte en este proceso que aunque menos grave que los muchos otros abiertos contra el expresidente es el que ha llevado más lejos a la Justicia.
¿QUÉ SIGUE?
La defensa puede apelar la decisión de la Corte Suprema para que, en caso de que sea aceptada y aprobada, Uribe continúe en libertad un proceso que recién empieza y cuya siguiente fase es la de acusación, que debe ocurrir en 120 días, o la de preclusión, que es el cierre de la investigación.
“El proceso está en una fase preliminar, en una fase inicial donde el expresidente Uribe ya está vinculado y ahora la Corte considera que hay dos indicios de responsabilidad en su contra y que debe permanecer detenido”, explicó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate.
El letrado insiste en que esta decisión no representa “de ninguna forma” una condena y que, por el contrario “comenzará ahora todo el debate probatorio y la Corte decidirá si lo lleva a juicio o no”.
En caso de que el senador sea llevado a juicio y sea hallado culpable, Bernate detalla: “Si hacemos un cálculo, el solo fraude procesal son hasta 12 años” de pena y “el otro (delito) puede llegar a los ocho”.
“Si ese fuera el escenario de la condena podría estar entre los seis y los ocho años”, resume.
ESPERANZA DE JUSTICIA
La decisión de la Corte, en opinión de los detractores de Uribe y de organizaciones sociales, es el primer paso para que se comience a hacer justicia para las víctimas de los delitos que se le achacan al exmandatario.
Entre ellos hay desde matanzas de campesinos a manos de paramilitares hasta la ejecución de civiles por parte de militares, los llamados “falsos positivos”, pasando por la corrupción y el espionaje de opositores.
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La directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Gimena Sánchez-Garzoli, afirmó que “Uribe siempre ha estado a un paso de los crímenes contra la humanidad y el comportamiento irresponsable y autoritario”, pero que “a pesar de la gran evidencia circunstancial” son otros los que han caído.
“Este caso involucra a los abogados del expresidente haciendo pagos a los testigos exparamilitares para que puedan cambiar sus testimonios e incriminar falsamente a un adversario político. Esperamos que ya comience el proceso de quitarse el chaleco de teflón de Álvaro Uribe para que todas las víctimas de estos crímenes puedan finalmente tener justicia”, expresó.
De igual forma piensa el movimiento Madres de Soacha, que debe su nombre a esa localidad vecina de Bogotá donde hubo una veintena de “falsos positivos” y considera que esta decisión es un “gran avance de la Justicia”.
“Para nosotros fue una gran felicidad esa noticia y obviamente el clamor que tenemos ante la Justicia es que también se siga avanzando sobre el caso de los falsos positivos”, dijo Jackeline Castillo, una de las integrantes de la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo).
Por ahora el proceso contra el exmandatario continúa y la Corte tendrá que decidir si definitivamente lo lleva a juicio o no bajo la mirada atenta de toda Colombia, que hoy está fracturada entre quienes lo veneran como el “salvador de la patria” por su lucha frontal contra las Farc y los que esperan verlo tras las rejas. Efe
