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La acusación por supuesto terrorismo que abrió el Gobierno interino de Bolivia contra el expresidente Evo Morales no es proporcional y la Fiscalía del país debiera retirarla, según un informe de Human Rights Watch (HRW).
El texto “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia” concluye que el Gobierno interino de Bolivia “abusa del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y a partidarios del expresidente”, expresó este viernes el director de la División de las Américas de HRW, José Vivanco, durante una conferencia telemática.
Una indagación de varios meses revisó alrededor de 1.500 hojas del expediente contra Morales por supuesto terrorismo y entrevistó a noventa personas, incluyendo funcionarios del Ejecutivo transitorio con una veintena de casos similares al del exmandatario boliviano.
QUE SE LEVANTEN LOS CARGOS
“Pedimos que se retiren los cargos de terrorismo contra Evo Morales porque (…) no hay evidencia de que él cometió actos terroristas”, argumentó César Muñoz, responsable de la investigación.
El proceso por supuesto terrorismo se abrió después de que en noviembre pasado saliera a la luz una llamada telefónica en la que supuestamente Morales desde México instruye a un dirigente sindical a organizar bloqueos de caminos para impedir la llegada de alimentos a las ciudades de Bolivia.
Muñoz señaló que a pesar de que aquellas declaraciones supuestamente de Morales “son preocupantes”, en sí mismo “no es un acto terrorista según el Derecho Internacional” y tampoco merecen veinte años de presidio como señala el Código Penal boliviano.
“Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia, sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso HRW consisten principalmente en esa única llamada telefónica, no dan el menor sustento a esa acusación”, dijo por parte Vivanco.
USO POLÍTICO DE LA JUSTICIA
La ONG advierte de que los procesos judiciales del Gobierno interino de Bolivia son “infundados o desproporcionados”, con presiones hacia jueces y fiscales para enjuiciar a un centenar de exfuncionarios o simpatizantes del expresidente.
“A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir simplemente objetivos políticos”, mencionó Vivanco.
Además de la denuncia de noviembre, a lo largo de este año el Ejecutivo transitorio ha interpuesto varias más contra Morales y miembros de su partido como el candidato Luis Arce para las elecciones de octubre.
Incluso la más reciente ante la Corte Penal Internacional de La Haya por supuestos delitos de lesa humanidad, también por supuestamente haber instado bloqueos de carreteras el pasado agosto a los que el Gobierno interino culpa de al menos cuarenta muertes de enfermos que quedaron sin suministro de oxígeno.
La investigación también observa antecedentes de “debilitamiento del sistema judicial” desde el Gobierno de Morales, con “uso del poder en casos específicos”, señaló por su lado Muñoz.
El investigador de HRW mencionó que Bolivia necesita de una “reforma judicial”, ya que muchos de los jueces son temporales y están sujetos a presiones. Efe
