La Cancillería Nacional informó que desde el pasado 23 de febrero, han llegado al territorio colombiano cerca de 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y cerca de 400 miembros de sus familias, en busca de protección.
Además informó que el Gobierno estableció un procedimiento de recepción y atención para atender a los uniformados que cruzaron la frontera, cumpliendo las disposiciones internacionales en materia de Derechos Humanos.
“En un esfuerzo conjunto entre diversas instituciones del Estado colombiano y la cooperación internacional, los miembros de este grupo de personas han sido entrevistados por autoridades migratorias y han recibido atención básica en salud, apoyo legal, alojamiento transitorio y alimentación”, indicó la Cancillería en un comunicado.
El Ministerio de Relaciones indicó que cada uno de los uniformados entregaron su armamento y uniformes, que actualmente se encuentran bajo custodia de la Fuerza Pública, asegurando que no continuarán realizando actividad militar, además agregaron que ‘un número significativo’ de miembros de este grupo han tramitado solicitudes de refugio.
“Han recibido los salvoconductos que les permitirán permanecer en el territorio colombiano en tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta los trámites correspondientes”, acotó.
La Cancillería informó que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha respondido positivamente a solicitudes del Gobierno para ofrecer apoyo logístico para la atención de los solicitantes de refugio.
“El Gobierno desea reiterar sus agradecimientos a ACNUR por la prontitud de su reacción y confía en que continuará contando con su importante cooperación en el manejo del éxodo masivo de ciudadanos venezolanos”, dijo.
Por último el ministerio indicó que se encuentra trabajando con el Embajador en Colombia designado por el Presidente Encargado Juan Guaidó en la identificación de medidas que permitan ofrecer soluciones de mediano plazo a los miembros de este grupo de personas.
“El Gobierno colombiano no tolerará ninguna alteración del orden público o amenazas a la seguridad por parte de ningún ciudadano, de ninguna condición o nacionalidad, y estará atento a tomar las decisiones a que haya lugar en caso de presentarse alguna amenaza de esta naturaleza”, dijo.
