El Gobierno Nacional enfrenta el dilema sobre en qué momento presentar una crucial reforma fiscal, en medio de un Congreso reacio y una ola de protestas sociales, mientras corre contra el reloj para evitar una nueva degradación de sus calificaciones crediticias, que ha encendido las alarmas de los inversores.
Ya la incertidumbre llevó hace un par de semanas a Standard & Poor’s a retirar el grado de inversión del país y los expertos temen que se presente un efecto manada en el que Fitch y Moody’s sigan sus pasos.
Analistas locales e internacionales como JPMorgan, estiman que de perder el grado de inversión por otra calificadora, el país enfrentaría una fuga de capitales por hasta 3.500 millones de dólares, sin contar los que dejarían de ingresar.
Si bien congresistas, analistas y los mercados coinciden en la necesidad de aprobar el proyecto tributario para mantener los programas gubernamentales y aliviar las finanzas por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, discrepan sobre si debe ser presentado y aprobado antes de finalizar la actual legislatura el 20 de junio, o esperar a la siguiente, en julio.
El Gobierno del presidente Iván Duque sigue afinando los detalles de la nueva propuesta para reemplazar a la que fue retirada por el rechazo de los sindicatos y otras organizaciones sociales, que cumplieron más de un mes protestando en las calles contra las políticas económicas y sociales gubernamentales.
El nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo a Reuters a mediados de mayo que buscará “dar el mayor avance posible en el curso de esta legislatura” para sacar adelante una reforma de unos 14 billones de pesos (3.813 millones de dólares), muy inferior a los 23,4 billones de pesos del proyecto anterior.
“Lo veo difícil antes del 20 de junio, esta legislatura ya se murió”, dijo a Reuters Katherine Miranda, representante a la Cámara del opositor Partido Verde.
La legisladora, que hace parte de las comisiones económicas del Congreso, señaló que el Gobierno está buscando consensos con los partidos, tras lo que presentaría la propuesta al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso, el 20 julio.
“¿No será mejor que esperemos la próxima legislatura para que el ministro y el Banco de República vean cuál es la mejor de las opciones para financiar necesidades sociales que son imperiosas?”, preguntó en una carta al ministro de Hacienda el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, quien ha sido un férreo detractor de la propuesta.
Colombia requiere incrementar sus ingresos en momentos en que elevó drásticamente su deuda, triplicando su déficit fiscal a un 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020.
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Solo para 2021 el país debe cubrir un déficit equivalente a 25.794 millones de dólares. Reuters
