Ecuador, uno de los países más megadiversos del mundo, afronta una dura batalla contra el tráfico y apropiación ilegal de animales, un problema de largo alcance que nadie se atreve a cuantificar y que se ve agravado por la falta de medios para luchar contra ese fenómeno.
El problema afecta a toda la vida silvestre del país, flora y fauna, que están protegidas por estrictas leyes que hasta estipulan que los animales son “sujetos de derechos”.
Unas leyes que, sin embargo, no dejan de atraer a traficantes, científicos de dudosa reputación, amantes de las mascotas exóticas y todo tipo de imprudentes que se llevan un insecto de recuerdo. La ley es igual de estricta para todos.
Uno de los objetivos del Ministerio ha sido detectar el alcance y vías de este delito que, solo en 2018, llevó a la incautación de unos 3.000 animales de distinto tipo, algunos en riesgo de extinción.
La legislación ecuatoriana contempla castigos de hasta tres años de cárcel y multas de hasta 4.000 dólares por la extracción de vida silvestre de su lugar, sin tener en cuenta la compensación exigible por daños ecológicos.
Ejemplos de esta lucha de las autoridades fueron la multa en marzo a un ciudadano por 3.940 dólares por tenencia ilegal de una guatusa (roedor) y una tortuga charapa gigante, o la reciente sentencia de dos años de prisión a un biólogo japonés que trataba sacar por el aeropuerto de Quito 250 insectos y arácnidos con fines científicos.
También el procesamiento en mayo de dos guardaparques de las Galápagos por el robo de 123 crías de tortugas gigantes de las especies Chelonoidis vicina y Chelonoidis guntheri.
El tráfico de vida silvestre tiene muchas caras, la peor de ellas la de traficantes profesionales con fines comerciales que causan un creciente daño por los cambios que llegan a provocar en el ecosistema.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza asegura que el tráfico de especies silvestres, sobre todo animales, ocupa el tercer lugar después del tráfico de armas y estupefacientes, y que se trata de uno de los negocios ilegales más rentables.
En todas sus facetas, genera a nivel mundial entre 10.000 y 26.000 millones de dólares al año, según estudios internacionales.
Gualoto destaca que los loros son los que corren más peligro por ser la especie ilegal más solicitada como mascota, pero también se ven afectadas las boas y caimanes, por su codiciada piel o simplemente como alimento.
La intensificación de la lucha y la creciente incautación de especies han hecho incluso necesaria la apertura de centros de acogida donde los animales son tratados por desnutrición, mutilación y hasta problemas psicológicos.
En la provincia amazónica de Pastaza, en el oriente ecuatoriano, el centro privado de rescate “Yanacocha”, que trabaja estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente, se dedica a la recuperación de estos animales.
German Flores, su propietario, recuerda que, hasta hace apenas cinco años, el problema era mucho peor y “el tráfico casi libre” por una costumbre indígena de llevarse animales de los bosques a las casas.
Pero asegura que, ahora, la realidad es diferente por las persistentes campañas de concienciación del Ministerio, que todos los años advierte del daño ecológico que provoca el llevarse a los animales.
La última de ellas a escala nacional fue “Paisajes Vida Silvestre”, que llevaba como consigna: “Si te llevas uno, no quedará ninguno”. Efe
