El Ejecutivo calificó de inconstitucional e injusta la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el decreto del salario mínimo.
El Consejo de Estado decidió suspender de manera provisional el decreto que establece el salario mínimo vital en Colombia, mientras se resuelve la demanda de fondo. La medida generó una reacción inmediata del Gobierno, que defendió la constitucionalidad del decreto y alertó sobre sus posibles efectos en la economía y el bienestar de los trabajadores.
El presidente Gustavo Petro afirmó que el decreto del salario vital está ordenado por la Constitución y cumple con todos los criterios económicos que sustentan su expedición. Aunque aseguró que respetará la decisión del Consejo de Estado, subrayó que el decreto transitorio seguirá las órdenes constitucionales y anunció que el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación, junto con la coordinación de movimientos sociales, para estudiar el nuevo decreto. Petro advirtió que suspender la medida podría detener la economía nacional, aumentar el hambre y la desnutrición infantil, y afectar gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la decisión del Consejo de Estado como “inconstitucional, irresponsable e inhumana” y aseguró que el Gobierno llevará la defensa del salario vital de los trabajadores “hasta las últimas consecuencias”, haciendo un llamado a proteger los derechos laborales.
En la misma línea, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que la suspensión provisional golpea directamente el bolsillo de millones de trabajadoras y trabajadores que esperaban un ingreso digno. “Cada vez que se intenta avanzar en justicia social, aparecen los mismos sectores que frenan el progreso. Colombia merece saber quién defiende a la gente y quién defiende privilegios”, afirmó.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez-Torres, expresó su rechazo con contundencia: calificó la decisión como un acto de “odio de clase” y criticó que los sectores más ricos del país nieguen a los trabajadores la oportunidad de dignificar sus salarios y mejorar sus condiciones de vida, tildando de “miserables” a quienes apoyan la suspensión.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que la caída del salario mínimo vital evidencia nuevamente la falta de apoyo a los menos favorecidos, atribuyendo la situación a la influencia de una clase dirigente en el Congreso y en las altas cortes. Benedetti afirmó que esta medida tiene una clara dimensión política y anticipó que tendrá repercusiones en la próxima campaña electoral, donde los ciudadanos deberán decidir quién está a favor de los trabajadores y quién defiende intereses privilegiados.
La Central Unitaria de Trabajadores también se pronunció en rechazo de la decisión del Consejo de Estado. Consideraron que suspender el decreto constituye un acto de injusticia social y mezquindad empresarial, señalando que los más poderosos, con vínculos actuales con magistrados del Consejo de Estado, pretenden quitarle más de dos millones de pesos a los colombianos, atentando contra un acto de justicia social.
En conjunto, las reacciones del Gobierno reflejan una preocupación por los efectos de la suspensión provisional sobre la economía y la vida de los trabajadores, así como un llamado a la sociedad para que se pronuncie frente a esta decisión. Mientras tanto, la administración de Petro buscará consolidar un pacto social que proteja el salario mínimo vital y garantice que las medidas económicas estén en consonancia con la Constitución y el bienestar del pueblo colombiano.
