La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cuatro integrantes del Ejército Nacional por el homicidio en persona protegida de un campesino desarmado ocurrido el 9 de abril de 2017 en zona rural del municipio de Arenal, en el departamento de Bolívar. Los señalados son el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García, todos pertenecientes a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N.° 1 de la Quinta Brigada del Ejército.
La víctima fue identificada como Eduardo Antonio Gutiérrez Duarte, quien se movilizaba en motocicleta junto a otro hombre por la vereda Santo Domingo de Arenal del Sur cuando los militares interceptaron su paso. Según el expediente, al notar la presencia de uniformados, los dos civiles intentaron alejarse del lugar. En ese momento, los soldados accionaron sus armas de dotación sin corroborar previamente la identidad de los ocupantes de la motocicleta. Gutiérrez Duarte murió en el lugar; el otro civil fue detenido.
La investigación estableció que los uniformados no tomaron medidas para identificarse plenamente ante los civiles ni garantizaron que estos comprendieran y acataran la orden de detenerse, actuando de manera desproporcionada y en contravía de los protocolos operacionales del Ejército. La Fiscalía precisa que los militares accionaron las armas sin haber recibido una orden operativa para hacerlo, excediendo sus funciones dentro del operativo.
El objetivo del operativo fue capturado horas después y en otro lugar
Los cuatro uniformados hacían parte de una operación cuyo objetivo era ubicar y capturar a José Alejandro Chinchilla, conocido con el alias ‘Cusi’, señalado como cabecilla de las finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región sur de Bolívar. Sin embargo, las investigaciones determinaron que las víctimas del hecho no tenían ningún tipo de relación con el objetivo guerrillero ni con ningún grupo armado ilegal.
El dato más contundente del expediente es que alias ‘Cusi’ fue capturado horas más tarde en un lugar completamente diferente al donde se produjo el disparo que acabó con la vida del campesino. Esto significa que, al momento de los hechos, las características físicas y la ubicación del objetivo eran conocidas por los soldados, y aun así dispararon contra personas que no correspondían al perfil del buscado.
El cargo imputado, homicidio en persona protegida, es una conducta de especial gravedad en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Esta figura penal aplica cuando la víctima es un civil que no participa de las hostilidades y se encuentra bajo la protección de los convenios internacionales que regulan los conflictos armados. Los cuatro militares acusados no aceptaron los cargos presentados ante el juez de control de garantías.
Acusan a militares por homicidio en Bolívar en medio de un patrón que preocupa al país
Este caso se suma a una larga lista de investigaciones penales contra miembros de la fuerza pública por presuntos crímenes contra civiles en zonas de conflicto. En noviembre de 2025, nueve militares fueron enviados a prisión por la tortura, desaparición y muerte de un joven campesino con discapacidad cognitiva en Frontino, Antioquia. Ese caso, como el de Bolívar, involucró a uniformados que actuaron fuera de los límites del Derecho Internacional Humanitario y de los protocolos internos del Ejército.
Colombia lleva décadas enfrentando el desafío de juzgar a militares que, en el marco del conflicto armado, causaron la muerte de civiles. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado miles de víctimas en ese contexto, incluyendo los llamados ‘falsos positivos’. Si bien el caso de Arenal no ha sido vinculado a esa categoría, sí comparte el patrón de civiles muertos en zonas rurales durante operativos militares.
La acusación formal fue presentada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, lo que marca el inicio de la etapa de juicio oral. En esta fase, el ente acusador deberá demostrar ante un juez la responsabilidad penal de los cuatro uniformados más allá de toda duda razonable, mientras la defensa presentará sus argumentos.
¿Qué sigue en el proceso judicial contra los militares acusados?
Con la acusación formal ya en firme, el proceso avanzará hacia la programación del juicio oral, donde se practicarán pruebas y se escucharán los alegatos de las partes. La familia de Eduardo Antonio Gutiérrez Duarte espera que la justicia determine las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados, luego de casi nueve años desde la ocurrencia de los hechos.
El caso también podría ser objeto de seguimiento por parte de organismos internacionales de derechos humanos, dada la gravedad del cargo y el contexto en que ocurrieron los hechos. Las organizaciones de víctimas del conflicto armado en el sur de Bolívar han seguido de cerca este proceso, que tardó casi una década en llegar a la etapa de acusación formal.
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