Galán recibió aportes de campaña del Grupo Bolívar por 100 millones de pesos divididos entre tres empresas del conglomerado, y meses después su administración le entregó a Fiduciaria Davivienda —filial del mismo grupo— la administración de 3 billones de pesos en pensiones y cesantías del Distrito, según documentos públicos citados por el concejal de Bogotá Angelo Schiavenato Rivadeneira en un video difundido en sus redes sociales el 29 de abril de 2026.
El cabildante, abogado penalista electo en 2023 con 11.000 votos sin financiación privada, presentó los registros de la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral para sustentar su denuncia. Según esos datos, Compañía de Seguros Bolívar S.A. aportó 35 millones de pesos, Seguros Comerciales Bolívar S.A. otros 35 millones, y Banco de Vivienda S.A. 30 millones, para un total de 100 millones de pesos provenientes del Grupo Bolívar a la campaña del hoy alcalde.
Schiavenato subrayó que ninguna de las tres empresas superó individualmente el tope del 2% del máximo legal de financiación —que para esa elección correspondía a cerca de 100 millones de pesos—, lo que permite al holding participar en licitaciones y contratos del Distrito sin incurrir en una prohibición legal expresa. “Ni Carlos Fernando Galán ni el Banco de Vivienda se robaron la plata. No es ilegal, pero está mal que le dé contratos a alguien que le aportó en campaña”, afirmó el concejal en su video.
@angeloschiavenato Toyota patrocinó a Galan y el alcalde compró Toyotas nuevas – casualidad
♬ Violin Inspiration – Stanislav Barantsov
El contrato cuestionado es el de fiducia mercantil número 291 de 2024, suscrito entre el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones del Distrito (FONCEP) y Fiduciaria Davivienda, entidad perteneciente al Grupo Bolívar. Mediante ese instrumento, la administración distrital delegó la gestión de aproximadamente 3 billones de pesos correspondientes a los recursos de pensiones y cesantías de los servidores públicos de Bogotá. Schiavenato precisó que de ese monto, 123.000 millones de pesos eran recursos líquidos disponibles de inmediato.
El concejal explicó el argumento financiero detrás de su denuncia: una fiduciaria que administra recursos líquidos de esa magnitud puede invertirlos en instrumentos de renta fija y obtener rendimientos superiores a su comisión de administración, estimada por él en cerca de 30 millones de pesos mensuales. “En tres meses prácticamente ya repusieron lo que le dieron a Galán en campaña, pero la ganancia financiera real es mucho mayor”, sostuvo.
Galán y las camionetas Toyota: otro caso señalado por Schiavenato
El segundo caso expuesto por el concejal involucra a Distribuidora Toyota S.A.S., empresa que según los registros de Cuentas Claras aportó fondos a la campaña de Galán. Schiavenato señaló que la administración distrital adquirió vehículos blindados de esa misma marca para el esquema de seguridad del alcalde y varios de sus secretarios, con modelos cuyo precio oscila entre 340 y 430 millones de pesos en versión diésel, de acuerdo con las listas de precios que el propio concejal consultó en su video. También mencionó que la empresa Autoélite, vinculada al grupo Porsche, habría realizado aportes a través de la misma red de financiadores.
Según el boletín del Concejo de Bogotá publicado el 29 de abril de 2026, Schiavenato resumió así su postura: “Invertir en la campaña de Galán generó la mayor rentabilidad económica que existe hoy en el mercado financiero; hoy no hay un solo amigo de Galán pobre.” La Alcaldía Mayor de Bogotá no había emitido una respuesta oficial a las denuncias al momento de publicación de esta nota.
También lea: Desempleo en Colombia llega al 8,8% en marzo de 2026: la cifra más baja para ese mes desde 2001
El marco legal que rodea las denuncias sobre Galán y sus financiadores
La normativa colombiana prohíbe adjudicar contratos públicos a personas naturales o jurídicas cuyo aporte a una campaña haya superado el 2% del tope máximo establecido para esa elección. En el caso de la campaña de Galán —que llegó al límite de 5.000 millones de pesos—, ese umbral equivalía a unos 100 millones de pesos. Al distribuir sus aportes entre tres razones sociales distintas del mismo holding, el Grupo Bolívar mantuvo cada aporte individual por debajo del límite, conservando su habilitación para contratar con el Distrito.
El concejal Schiavenato anunció que esta es la primera entrega de una serie de videos —que tituló “¿Quién le pagó al alcalde de Bogotá?”— en los que planea revisar uno a uno los aportes registrados en los documentos oficiales de la campaña de Galán. El cabildante advirtió que prepara más revelaciones sobre otros financiadores y los contratos que habrían recibido posteriormente del Distrito.
Qué sigue en el control político a Galán
Las denuncias de Schiavenato alimentan el debate sobre los límites del financiamiento privado de campañas y el eventual conflicto de intereses en la contratación pública. Si bien las operaciones descritas no constituyen un delito bajo la legislación vigente, el control político que ejerce el Concejo de Bogotá puede derivar en debates de moción de observaciones o solicitudes formales de explicación a la administración de Galán sobre los criterios de selección de los contratistas señalados. La ciudadanía y los organismos de control tendrán la palabra sobre si la legalidad formal es suficiente o si se requieren ajustes a las reglas de financiamiento electoral en Colombia.
Para más información consulte nuestras noticias internacionales y noticias de Colombia.
