La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia fijó en 400 meses de prisión —equivalentes a 33 años y cuatro meses— la condena contra el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas por el homicidio agravado de Diego Felipe Becerra Lizarazo, el grafitero de 16 años asesinado el 19 de agosto de 2011 en la localidad de Suba, en Bogotá.
El alto tribunal resolvió el recurso de casación presentado por la Procuraduría y redujo la pena inicial de 450 meses y un día —impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá en mayo de 2021— a 400 meses, al eliminar el agravante de “posición distinguida”. La Corte determinó que el rango de patrullero, el más bajo en la escala de la Policía Nacional, no implica una posición de preeminencia social que justifique una mayor intensidad punitiva.
La sentencia ratificó, sin embargo, que el uniformado actuó con dolo y que la víctima se encontraba en estado de indefensión absoluta. “El actuar desplegado por el procesado se cataloga como doloso y no puede tratarse la muerte del joven como un hecho accidental”, concluyó la Sala Penal. El tribunal también dejó en firme la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período equivalente a la pena principal y negó la suspensión condicional de la condena.
Cómo murió Diego Felipe Becerra en 2011
Los hechos ocurrieron la noche del 19 de agosto de 2011. Diego Felipe Becerra Lizarazo, de 16 años, se encontraba con tres amigos realizando grafitis en el puente de la avenida Boyacá con calle 116, en el norte de Bogotá. Una patrulla de la Policía acudió al sector tras recibir un reporte sobre un presunto atraco en un bus, atribuido a jóvenes armados. Al notar la presencia de los uniformados, los adolescentes huyeron en distintas direcciones.
Alarcón Vargas interceptó a dos de los jóvenes y les practicó una requisa. La inspección descartó cualquier vínculo con el delito reportado: el menor portaba únicamente un morral con latas de aerosol. Pese a esa comprobación, cuando Diego Felipe Becerra volvió a correr, el patrullero lo persiguió y, a una distancia aproximada de 150 centímetros, le disparó por la espalda con su arma de dotación.
También lea: Supersalud: cuestionamientos por modificación del manual de funciones que habilitó asesores sin formación en salud
El proyectil impactó la región paravertebral derecha del menor y le provocó un hemotórax masivo. Diego Felipe murió poco después de ser trasladado a la Clínica Shaio. La prueba de absorción atómica practicada al cuerpo arrojó resultado negativo para residuos de pólvora; en sus manos solo había restos de pintura. La Corte señaló además que el uniformado había recibido capacitación en el uso de armas apenas tres días antes del crimen y tenía pleno conocimiento de que disparar contra una persona desarmada y de espaldas era ilegal.
El encubrimiento tras la muerte de Diego Felipe Becerra
Tras el disparo, Alarcón Vargas, junto con otros uniformados y civiles, intentó alterar la escena del crimen. La investigación estableció que se implantó una pistola calibre 22 junto al cuerpo del menor para simular que este había amenazado al agresor. También se elaboraron informes oficiales falsos en los que se le atribuía a la víctima haber esgrimido un arma de fuego. La Corte calificó esas maniobras como un montaje deliberado y las denominó un “falso positivo judicial”.
Por ese encubrimiento fueron investigados el teniente coronel Nelson Jesús Arévalo Rodríguez, entonces comandante de la Estación E-11 de Suba; el subintendente Fleyber Leandro Zarabanda Payán; y el sargento Juan Carlos Leal Barrero. En diciembre de 2025, la misma Sala Penal había condenado a Alarcón Vargas a 19 años de prisión adicionales por favorecimiento al homicidio y tráfico de armas de fuego, delitos relacionados con ese montaje. Los procesos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público continúan su curso en la justicia ordinaria.
Qué sigue en el proceso por el caso Diego Felipe Becerra
Con la sentencia de casación, la Corte Suprema cerró el debate penal sobre el homicidio agravado de Diego Felipe Becerra. Wilmer Antonio Alarcón Vargas deberá cumplir 400 meses de prisión sin posibilidad de suspensión condicional. El fallo representa el último pronunciamiento del alto tribunal sobre la responsabilidad directa en la muerte del grafitero, cuyo caso se convirtió en un símbolo de abuso policial y encubrimiento institucional en Colombia.
Para más información consulte nuestras noticias internacionales y noticias de Colombia.
