Asegurados médico y enfermera que habrían practicado abortos no consentidos a mujeres del ELN

Foto: Suministrada por la Fiscalía
Foto: Suministrada por la Fiscalía

Fueron judicializados un médico y una enfermera como presuntos responsables de brindar asistencia a los integrantes de la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, así como de practicar abortos y otros procedimientos no consentidos a las mujeres que hacían parte del grupo ilegal.

Según la Fiscalía, el médico sería gerente de una clínica de Saravena, Arauca y profesional adscrito al hospital municipal y la enfermera, es conocida bajo los alias ‘La Caballora, Bella o Gladys’.

Le sugerimos leer:Incautan dos toneladas de cocaína que el ‘Clan del Golfo’ pretendía enviar a Países Bajos

Los dos profesionales de la salud, al parecer, facilitaban el ingreso a los centros asistenciales de integrantes del ELN heridos o con graves enfermedades tropicales; y, supuestamente, les daban un trato privilegiado.

El ente investigador señaló que hay evidencia de que también habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero.

Le puede interesar: Prisión para reciclador que al parecer cometió actos sexuales en contra de una menor en Neiva

Una mujer que abandonó el grupo ilegal aseguró haber sido víctima de este médico y enfermera y los reconoció como las personas que le practicaron un aborto no consentido. Asimismo, indicó que fue testigo y conoció de casi 40 embarazo interrumpidos a la fuerza por los hoy procesados. De acuerdo con el relato, la mayoría de las mujeres afectadas serían menores de edad.

El material de prueba da cuenta de que estas conductas, presuntamente, ocurrieron desde 2014 a la fecha. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al médico y a la enfermera, según el posible nivel de responsabilidad, los delitos de: aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

Ver también: A disparos le quitaron la vida a líder social del Putumayo

Los procesados no aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medidaçde aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, al considerar que no registraban antecedentes judiciales y tenían arraigo.