La inmigración y el cambio climático son dos de las cuestiones que más polarizan el debate político en Australia y que el nuevo gobierno que salga de las elecciones del próximo sábado deberá abordar ante una creciente presión ciudadana.
Durante la última década, la política energética ha sido el talón de Aquiles de los sucesivos gobiernos laboristas y conservadores en el país oceánico, importante exportador de carbón y uno de los que siente con más fuerza los efectos del calentamiento global.
El año pasado fue el tercero más caluroso desde que hay registros y la región suroriental padece la peor sequía del último siglo, mientras uno de los principales patrimonios naturales, la Gran Barrera de Arrecife, se recupera de dos episodios seguidos de blanqueo que causaron una mortalidad en masa de sus corales.
Esto hace que los australianos sean los que están más preocupados por el cambio climático, un 44% de sus ciudadanos frente a una media global del 37% y que hayan aumentado las movilizaciones para exigir acciones.
El gobierno de Scott Morrison, candidato a la reelección por la coalición Liberal-Nacional, propuso reducir entre un 26 y un 28% las emisiones de gases en 2030 con respecto a los niveles de 2005, objetivo que el independiente Consejo del Clima descarta que se cumpla.
Morrison, que siendo Tesorero compareció en el Parlamento con un trozo de carbón para defender su uso para generar electricidad, ha promovido un sistema de incentivos para reducir unas emisiones que los expertos cuestionan.
El Partido Laborista, que encabeza las encuestas, ha respondido con una propuesta para elevar la reducción al 45% de las emisiones en la próxima década y promover el uso de vehículos eléctricos.
El otro asunto que domina el debate doméstico es el de la inmigración, condicionado desde 2012 por la controvertida política de internar a solicitantes de asilo en centros de detención en el Pacífico, reintroducida tras la llegada ese año en barco de 17.000 “sin papeles”, la mayoría procedentes de zonas en conflicto. EFE
