Colombia: avances en equidad de género después de la firma del Acuerdo de paz

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El pasado sábado 7 de diciembre, el Instituto Kroc, ONU Mujeres y la Embajada de Suecia presentaron el II Informe de Seguimiento al Enfoque de Género en la Implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia entre septiembre de 2018 y agosto de 2019.

De acuerdo con las últimas cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) publicadas en el “Panorama General, Educación, Salud, Hábitat, Generación de Ingresos: Registro Nacional de Reincorporación”, de los 10.708 excombatientes de la guerrilla de las FARC, el 25% son mujeres y 17,6% de la población se auto reconoce como parte de un grupo étnico.

El informe hace seguimiento a uno de los aspectos más innovadores del Acuerdo: la inclusión de 130 compromisos específicos que sitúan a las mujeres en el corazón de su implementación.

Algunos resultados positivos se dan en las veedurías ciudadanas para involucrar a las mujeres en el desarrollo de sus regiones. Este es el caso de Magdalena, Cesar y de la región del Sumapaz, donde se han constituido mecanismos relacionados con la inclusión.

Según la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, las regiones en las que se registraron más iniciativas que incorporaron el enfoque de género fueron Alto Patía y el norte del Cauca (26,66%), los Montes de María (12,09%), la cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño (11,66%).

A nivel comunitario también se han formado organizaciones de mujeres como es el caso de la asociación de las madres cabeza de familia afectadas por el conflicto que en Buenos Aires (Cauca) construyeron un aula para enseñar a los niños.

A pesar de las buenas prácticas en algunos municipios, los resultados generales no fueron muy alentadores.

El enfoque de género del Plan Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) resulta insuficiente dado que “no incorpora medidas concretas ni en los principios, ni en el articulado, que hagan referencia” a este enfoque. 

“Cerca de la mitad de los integrantes de las familias que viven en zonas cocaleras son mujeres (46,9%). Además, de acuerdo con el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, el 29% de las familias tiene jefatura femenina.

Actualmente, muchas mujeres que están en programas de erradicación de cultivos han sido víctimas de amenazas y han tenido que trasladarse a otros municipios después del asesinato de alguno de sus familiares.

El informe estima que, de las 99.097 familias vinculadas, el 94% cumplió con la erradicación voluntaria a pesar de los retrasos en el apoyo ofrecido por el mismo. Se estima que solamente el 0,7% de familias han tenido acceso a proyectos productivos y sólo 36% han tenido acceso a asistencia técnica. El 62% ha tenido asistencia alimentaria y el 33% han tenido acceso a programas de seguridad alimentaria.

En cuanto al tema de agresiones contra lideresas, se hace evidente los riesgos de violencia extrema y violencia sexual a la que se enfrentan. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tiene en sus cifras que desde 2016 a septiembre de 2019 ha documentado en terreno la ocurrencia de alrededor 320 casos de asesinatos de defensores. De esta población, 36 eran mujeres, seis pertenecían a la comunidad LGBT y el resto eran hombres.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, entre febrero de 2018 y mayo de 2019, se registró 447 amenazas (usualmente con contenidos sexistas e insinuaciones sexuales), 13 atentados y 20 asesinatos contra mujeres. 

Los retos del Gobierno en temas de género se trasladan también a las Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde a corte a septiembre de 2019 se encuentran más de 200 mujeres acreditadas, 11 de las cuales están embarazadas y donde además se registra la presencia de más de 500 menores de edad.

El informe señala que en esos espacios se debe hacer partícipe a las mujeres y la población LGBTI para reconstruir el tejido social desarrollando iniciativas sociales, educativas y económicas, mientras que en el marco del Acuerdo de Paz se debe mejorar la calidad de la atención psicosocial para la recuperación emocional de las víctimas de violencia sexual y la incorporación del enfoque de género.

¿Qué dice el Gobierno?

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila destacó los avances logrados durante el gobierno del presidente Iván Duque en materia de género y dijo que las mujeres son, para la actual administración, un centro de la implementación del Acuerdo Final. 

Para el Gobierno, el informe de la ONU ignoró los avances, no tiene en cuenta los índices de medición acordados por las partes y ni siquiera valora los programas en que la misma organización internacional participa. 

“Una lectura diferente sobre nuestra tarea en el enfoque de género, un trabajo que hemos adelantado con juicio y dedicación, con 49 planes de trabajo para los 51 indicadores establecidos en el Plan Marco de Implementación, es desfasada y no aporta a la construcción de paz”, enfatizó el funcionario.

De 32.000 iniciativas recogidas en 170 municipios, más de 4.408 son de mujer y género, señaló Archila.