El consejero presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Francisco Barbosa, y la vicecanciller Adriana Mejía se reunieron este viernes en La Haya (Holanda) con el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, para reafirmar el compromiso del país en la protección a los líderes sociales.
En el encuentro se revisaron las directrices de protección de derechos humanos en Colombia y se explicaron a profundidad los ejes del Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales y defensores, detalló el Gobierno colombiano en un comunicado.
El consejero Barbosa explicó que como parte de la estrategia gubernamental buscan “articular diferentes entidades del Estado” para proteger a los líderes sociales.
Además, están incrementando su presencia en los territorios y están atentos a las “alertas tempranas que plantea la Defensoría del Pueblo”.
Finalmente, Barbosa subrayó el esfuerzo del Gobierno nacional para combatir “la estigmatización de líderes sociales”.
La delegación colombiana también puso en valor durante su reunión los avances de los mecanismos implementados para la captura de asesinos de líderes sociales y la aplicación de dicha estrategia en los territorios llevando la legalidad y el Estado de Derecho a estas zonas.
Precisamente, este mismo viernes el líder opositor colombiano Gustavo Petro, senador de izquierdas, entregó junto a colectivos de defensa de los derechos humanos un documento ante la CPI para solicitar la apertura de una investigación formal por el asesinato de dirigentes sociales.
El texto se centra en los aproximadamente 500 líderes sociales que, según las cifras manejadas por los colectivos colombianos de derechos humanos, han sido asesinados desde septiembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, informa Efe.
Por su parte, la delegación del Gobierno le expresó al vicefiscal que con respecto a la implementación del acuerdo de paz el Ejecutivo recibió al inicio de su periodo dos proyectos productivos, y a hoy ya se han formulado veintiuno, informa Efe.
Finalmente, en la reunión se expusieron las seis objeciones frente a algunos artículos del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que consideran que “en nada afectan la implementación de la paz y la estabilización en Colombia“.
