La Contraloría abrió una indagación preliminar por $96.725 millones y hallazgos fiscales por $8.185 millones, tras la Actuación de la CGR por el Puente Hisgaura.
Una conclusión de la Actuación Especial es que existe un mayor costo del proyecto en un valor de $5.670 millones, que corresponden a la suma de los costos por ajustes pagados y el costo de la interventoría desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2018, como consecuencia de una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz.
Además de los mayores costos por ampliación del plazo contractual, se advierte un detrimento patrimonial por la inversión de $1.885 millones en los 2 puentes no ejecutados (La Judía y Sitio Crítico 43).
Se evidenciaron fisuras en la parte inferior del tablero del puente Hisgaura, por deficiencias constructivas. A las deficiencias constructivas atribuibles al contratista, se suma la falta de rigor técnico y administrativo de las interventorías y de la supervisión del proyecto.
Las deficiencias en el proceso constructivo del puente Hisgaura, no han permitido la entrega de la obra ante la incertidumbre que existe de momento sobre la durabilidad y resistencia del tablero del puente, por lo cual la Contraloría considera que de momento, se está ante una inversión ineficiente e ineficaz, lo que eventualmente se puede constituir en una lesión al patrimonio público.
El organismo de control estima que, aparte de las responsabilidades del contratista, es evidente también la debilidad y falta de rigor técnico y administrativo por parte de las interventorías contratadas y la supervisión a cargo del Fondo Adaptación.
En el caso del puente Hisgaura, la Contraloría dejó en claro que, con ocasión de las diferentes demoras, inconvenientes técnicos y en general con las incertidumbres que se han dado alrededor de la obra construida, el puente no se ha recibido por la administración pública, existiendo el riesgo de pérdida de los recursos asignados a este proyecto por $96.725.052.864, siendo de momento una inversión ineficiente e ineficaz, lo que se puede considerar como una lesión al patrimonio público, por lo que para profundizar en este particular se dará apertura a una indagación preliminar.
Considera la CGR que, dadas las deficiencias constructivas detectadas en el puente, el Estado Colombiano aún no ha comenzado a percibir los beneficios de la ejecución de este proyecto que, conforme al plazo inicial del contrato, estaba previsto terminar en noviembre de 2016.
