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La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador notificó este lunes la sentencia de ocho años de prisión y la inhabilitación política de 25 años contra el expresidente Rafael Correa.
El pasado 7 de abril, la CNJ anunció la condena contra Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, en el marco de la investigación por el Caso Sobornos (2012-2016).
En el Caso Sobornos se investigó la entrega de aportes económicos por parte de contratistas estatales al entonces partido de Gobierno, Alianza País.
La sentencia -de 413 páginas- detalló que “entre el 2012 y el 2016, periodo del expresidente Rafael Correa, se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados (líderes y coordinadores) designados estratégicamente y de forma secuencial en cargos como ministros, secretarios de estado, gobernadores y asesores”.
Exfuncionarios como el exsecretario jurídico, Alexis Mera; la exministra, María de los Ángeles Duarte; y la asambleísta, Viviana Bonilla, entre otros, fueron definidos como coautores del delito y se les aplicó una sentencia de ocho años.
Según la Fiscalía, estos y otros funcionarios “facilitaron la aceptación y el recibimiento de ofertas, promesas o dones ofrecidos y entregados por varios empresarios nacionales y extranjeros; todo esto, a cambio del otorgamiento de contratos de obras de infraestructura concedidos con violación a los principios de la contratación pública como la igualdad, oportunidad, transparencia; utilizando como regla la excepcionalidad para pretender dar a sus actuaciones una apariencia de legitimidad”.
Por su parte, el procurador general del Estado Íñigo Salvador dijo que Correa “institucionalizó una sofisticada estructura de corrupción, diseñada y dirigida desde la propia Presidencia de la República”.
El juez del tribunal de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana, Iván León, manifestó que la víctima del delito fue el Estado y por tanto consideró que la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción en la administración de Correa.
Sobre Correa también pesa una orden de captura por el delito de secuestro. El expresidente de Ecuador ya había sido llamado a juicio en noviembre de 2018 -junto con tres exagentes de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain)- como posible autor intelectual del delito de secuestro del político Fernando Balda.
En 2012, el exasambleísta Fernando Balda denunció que fue secuestrado por orden de Correa mientras se encontraba en Bogotá, Colombia. Según le dijo a la Fiscalía, cuatro hombres y una mujer lo habrían golpeado y obligado a subirse a un carro, pero un grupo de taxistas llamó a la Policía, que logró liberarlo. Anadolu
