Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador emiten alerta binacional por grupos armados

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La presencia de grupos armados en la frontera entre Colombia y Ecuador tiene en riesgo a más de 29.000 integrantes de la comunidad indígena Awá.

La presencia tanto de grupos armados ilegales como del crimen organizado, en la zona transfronteriza de Ecuador y Colombia, ha provocado diversas consecuencias humanitarias, especialmente contra los cerca de 29.000 integrantes de la comunidad indígena Awá que habitan en la zona.

Así se advierte en la primera Alerta Temprana Binacional que emitió la Defensoría del Pueblo de Colombia, en este caso, con la Defensoría del Pueblo de Ecuador, para prevenir las violaciones de derechos y proteger a las personas y comunidades pertenecientes a la comunidad Awá, quienes además de ser sujetos de especial protección constitucional, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, y el Defensor del Pueblo de Ecuador, César Córdova Valverde, entregaron un documento que resultó del trabajo conjunto entre las dos entidades.

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En dicha alerta se destaca que, en la actualidad, la presión y el auge de las actividades ilícitas que ejercen las disidencias de las FARC, el ELN y grupos de crimen organizado causan que las comunidades de Awá sean víctimas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; ataques contra la vida e integridad física de los líderes y miembros de las comunidades; accidentes derivados de la contaminación del territorio por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.

“La posibilidad de llevar a cabo su accionar en una frontera porosa, con brechas de presencia estatal favorece los intereses de los grupos ilegales para acceder a los circuitos de economía de la coca, minería ilegal, tala ilegal de bosques y otras economías ilícitas, así como por las posibilidades que ofrece la franja fronteriza ecuatoriana para el ocultamiento de hombres y material de guerra”, dijo Carlos Camargo.

“Los grupos fuente amenazan en ambas zonas de la frontera, usan a su favor hechos como el aislamiento geográfico, la posición estratégica binacional de resguardos y comunidades y otros factores de vulnerabilidad como la poca o nula presencia estatal y la condición diferencial de estas comunidades, para instalarse dentro o cerca de los territorios Awá”, indica la alerta temprana.

El Defensor del Pueblo llamó la atención sobre el reclutamiento forzado de niños, niños y adolescentes durante el último año, especialmente en la región de Tayambí (Colombia) y Chical (Ecuador), dado que, según reporta la comunidad, cada mes se estarían reclutando entre 7 y 8 jóvenes del pueblo Awá.

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También que, desde agosto de 2022 hasta la fecha, con base en la información del Observatorio de Derechos Humanos de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) han sido asesinados 14 indígenas Awá. Se reportaron más de 10.000 víctimas de confinamiento y desplazamiento forzado, que representan aproximadamente el 50% de la población total Awá y otros hechos como amenazas, intimidaciones, torturas, reclutamiento forzado y enfrentamientos.

“Las presiones a las comunidades indígenas y afrodescendientes que imponen los actores armados, aprovechando su influencia y los férreos ejercicios de control territorial y poblacional, dificultan su desarrollo comunitario. Por eso, recomendamos, entre otras cosas, al Ministerio del Interior de Colombia y al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador, con el acompañamiento de las Cancillerías de ambos países, que se tramite de manera inmediata la presente Alerta Temprana ante las autoridades de ambos países para la protección integral, atención humanitaria, mitigación de vulnerabilidades y fortalecimiento de capacidades del pueblo awá”, señaló Camargo.

“Les recomendamos al Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador y al Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, con el acompañamiento de las Cancillerías de ambos países, fortalecer la cooperación bilateral para mantener la presencia de la Fuerza Pública como factor disuasivo ante el accionar de los grupos armados ilegales”, agregó.