El Primer ministro aseguró que la denuncia es contraria a la ley
El primer ministro peruano, Aníbal Torres, aseguró que la denuncia constitucional presentada por la fiscal general, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo solo busca “desestabilizar al país”.
“Esta denuncia lo que persigue es desestabilizar al país. Esta denuncia es contraria a la Constitución, se pretende desconocer el artículo 117 de la Constitución (…) No corresponde a la realidad jurídica”, dijo Torres en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La Fiscalía presentó este martes en el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.
También por delitos contra la administración pública en la modalidad tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
Horas después, Castillo dio una rueda de prensa en la que declaró que se estaba dando “una nueva modalidad de golpe de Estado” en el país.
En este sentido, Torres criticó que la denuncia se base en las declaraciones de la empresaria Karelim López, colaboradora de la Justicia, quien “ha dicho una serie de declaraciones distintas sobre un mismo hecho”.
“Le pido a la señora fiscal de la Nación (general) que me diga cuál de esas versiones es la verdadera, está en la obligación. Ahora me ha incluido en esa investigación, me lo tiene que probar porque no alegremente se puede incluir a una persona en una investigación y por un delito sumamente grave”, reclamó Torres.
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Al respecto, se preguntó qué garantía tienen los peruanos “con una justicia así”, puesto que, a su juicio, cualquier ciudadano está “sumamente en peligro de que pueda ser imputado por un delito y después puede decir que pruebe su inocencia”.
Finalmente, el jurista consideró que “Perú necesita de una reforma profunda en todo el sistema de justicia, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura”.
EFE
