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Una mujer elevó su preocupación por la desaparición y posterior fallecimiento de su esposo y de dos campesinos en el municipio de Sonsón, sur de Antioquia, hasta el nivel de considerar que estos fueron víctimas de ejecución extrajudiciales, más conocidas como “falsos positivos”, inclusive, acusando a miembros de la Cuarta Brigrada del Ejército Nacional.
“Seis soldados lo habrían sacado de su casa, diciendo que lo llevarían al municipio de Argelia, reteniendo posteriormente a los otros dos campesinos, apareciendo posteriormente asesinados”, señala la mujer que por seguridad, su nombre no será revelado.
Dicho incidente habría ocurrido durante 2005, y en su momento fue asumido por la Justicia Penal Militar, mismo tribunal que poco después decidió archivar el caso, y años más adelante el mismo proceso recibió la negación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por lo que la mujer decidió radicar una tutela ante la oficina de la Corte Suprema de Justicia para que se le pueda dar razón de lo sucedido.
Ahora bien, desde la Sala Penal del alto tribunal se consideró que a la mujer no se le había garantizado el derecho a recibir justicia, por lo que el proceso que estaba archivado decidió tener un reversazo en el mismo, argumentando que se afectaron tres derechos fundamentales durante la revisión por parte de la justicia que lo tuvo en primer momento.
“Permitió cesar el procedimiento sin tener certeza de que en el asunto se cumplieran los requisitos para que pudiera ser investigado y juzgado por la Justicia Penal Militar, con lo cual se afectó el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y los derechos de las víctimas”, argumentó la Corte.
Frente al mismo procedimiento, se anunció que pasará a manos de la Judicatura para que desde allí se pueda definir si la investigación continuaría en la Justicia Penal Militar o pasará por ende a la ordinaria, como fue solicitado por parte de la Fiscalía General de la Nación por tratarse de un presunto caso de violación a los derechos humanos.
