El presidente Iván Duque rechazó el homicidio de Boris Alexander Benítez Leclerc, el patrullero de la Policía que fue impactado con arma de fuego durante las protestas en la Vía Panamericana.
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El mandatario afirmó “que estos crímenes no van a quedar en la impunidad” y pidió a los organizadores de las manifestaciones que ayuden al Gobierno a identificar a los responsables del hecho.
“Yo entiendo el derecho a la protesta pacífica. Pero claramente los que asesinaron a este policía estaban con armamento y yo le pido a los organizadores de esas protestas que nos colaboren a identificar esas personas”, sostuvo.
El mandatario señaló que la muerte de Benítez “demuestra que hay infiltraciones de grupos armados” y pidió que estas sean denunciadas.
El general Atehortúa condenó también la muerte del policía y pidió a los indígenas “que se abstengan de utilizar elementos (explosivos) artesanales, que se abstengan de utilizar armas de fuego” y los invitó a “reflexionar” sobre la situación.
Recordó que en esta semana de protestas las autoridades han capturado a seis indígenas con ácido y explosivos “para atentar contra la Policía”.
El oficial añadió que a pesar de los ataques, la Policía “no va a retroceder” porque está en la zona para “enfrentar el desorden” y para garantizar la movilidad en los departamentos afectados.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró en Twitter que la protesta no puede “convertirse en vandalismo” y dijo que las vías de hecho no son aceptables.
El Ejército, por su parte, señaló en un comunicado que mientras uniformados removían los escombros que impiden el paso por la vía Panamericana fueron atacados con armas de fuego y artefactos explosivos.
En este ataque resultaron heridos tres soldados, dos de ellos con armas de fuego, identificados como Alejandro Ríos Cardozo y Jhon Alexis Montaño Melesio, mientras que Marlon Lara Lara resultó lesionado por esquirlas, informa Efe.
La institución afirmó que “adelantará las acciones legales necesarias” ante la Fiscalía para hallar a los responsables del hecho, quienes “no tienen relación con el derecho a la manifestación pacífica”.
