El Parlamento de Ecuador aprobó este jueves la legislación que regulará el aborto por violación en el país, decisión que requirió dos votaciones y que no termina de satisfacer a grupos de mujeres porque consideran reducido el plazo que da para interrumpir el embarazo.
Esta ley contempla que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta las 12 semanas, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.
“Este día, la Asamblea ha dado una nueva muestra de la responsabilidad y transparencia cumpliendo la labor delegada por sus mandantes”, expresó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.
La norma obtuvo 75 votos a favor, cinco más de los 70 requeridos para que saliera adelante el proyecto de ley, que fue sometido en enero a un segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional en base a un informe de mayoría, y tras haber superado un primer debate en diciembre pasado.
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La resolución adoptada a primera hora de la tarde siguió a una primera votación en la que el denominado Proyecto de Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, no logró alcanzar los votos necesarios al quedarse con 66 afirmativos, 44 negativos y 27 abstenciones, de los 133 legisladores presentes.
Sin embargo, la ponente del proyecto, Johanna Moreira, del partido Izquierda Democrática, solicitó una reconsideración, que fue aceptada, y tras un receso se llevó a cabo la segunda y definitiva votación que da luz verde a la legislación.
El mandatario ecuatoriano expresó el mes pasado que, si bien no conocía los términos del proyecto de ley definitivo que será entregado al Ejecutivo, tenía intenciones de vetarlo de manera parcial o total, “todo depende de cuál es el texto final de la Asamblea Nacional”.
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En Ecuador, el aborto estaba permitido únicamente en casos en que la vida de la mujer corra peligro o por violación de discapacitadas, hasta que fue despenalizado por violación en abril del año pasado por la Corte Constitucional.
EFE
