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El tribunal español que rechazó la extradición a EEUU del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal por supuestos delitos de narcotráfico cree que Washington actuó por “una motivación política” al reclamarle, ya que lo hizo por ser el antiguo jefe de la contrainteligencia militar venezolana.
La Audiencia Nacional española divulgó el auto en el que argumenta la decisión conocida ayer de no extraditar a Carvajal, detenido en España en abril de este año a raíz de una petición de EEUU.
El tribunal español reprochó a Washington que su reclamación “se fundamenta en una motivación política por su condición de exdirector de los Servicios de Inteligencia Militar durante las presidencias de (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro, dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela”.
La Audiencia Nacional anunció que rechazaba la solicitud estadounidense y decretó la puesta en libertad de Carvajal, de 59 años, y quien salió de la prisión de Estremera (Madrid) pocas horas después.
Carvajal había sido detenido en España en abril a raíz de una petición de EE.UU. por supuesto tráfico de drogas con destino a suelo estadounidense.
En el auto en el que se explican los motivos, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional reprocha a EE.UU. que no concreta los cargos contra Carvajal y que solo se basa en una declaración jurada de un miembro de la agencia estadounidense antidrogas (DEA).
Esto, indica, no es suficiente para acusarle, ya que el agente de antidroga achacó a Carvajal “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos”.
En su resolución, el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara cree además que la actuación de Carvajal se enmarcó en todo momento dentro de sus funciones como militar, por lo que habría incurrido si acaso en un delito militar, causa obligatoria de rechazo de la entrega según el tratado de extradición entre España y EE.UU.
Este país, basándose en la declaración de ese agente especial de la DEA, le atribuye delitos de “narcoterrorismo” por ser parte de una “estrategia dirigida desde la Presidencia de la República” de Venezuela, con la cooperación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para introducir en Estados Unidos “grandes cantidades de cocaína”.
El agente de la DEA afirmaba en su declaración que Carvajal, el expresidente Hugo Chávez, el vicepresidente económico de Venezuela, Tarek el Aissami (también reclamado por EE.UU. por narcotráfico), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, trabajaban con los cabecillas de las FARC coordinando actividades de tráfico de drogas en Venezuela y Colombia como “arma contra los Estados Unidos”.
En la vista de extradición, Carvajal se defendió afirmando que él se limitó a proteger y dirigentes de las FARC en sus visitas a Venezuela camino de Cuba, donde participaron en las conversaciones con el Gobierno colombiano que resultaron en los acuerdos de paz de 2016.
Para reforzar su tesis de que actuó como militar y por tanto no puede ser extraditado, la sala afirma que, en todo caso, “la protección armamentística y de inteligencia a los narcotraficantes de las Farc” por parte de Carvajal “no se puede desligar” de su cargo de director de la inteligencia militar.Efe
