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La cifra de homicidios en El Salvador se redujo un 23,8 % en lo que va de 2019 en comparación con el mismo período de 2018 pero ya superan los 2.000 casos, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) divulgados este lunes.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza, señaló que el país registra 2.080 homicidios, 650 menos que los 2.730 computados el año pasado.
Las cifras dadas por el jefe policial indican que en septiembre pasado fueron asesinadas 143 personas y en lo que va de octubre se registran 77 muertes violentas.
“La cifra es bastante alentadora, bastante significativa”, apuntó Arriaza.
Según el director de la PNC, este dato de muertes violentas permite al país alcanzar un índice de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, superior a la tasa de 10 considerada como epidemia.
No obstante, destacó que es inferior a las tasas registradas en los años anteriores.
Las autoridades de El Salvador responsabilizan a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes registrados entre 2015 y 2018, cifras que sitúan a esta nación centroamericana como una de las más violentas del mundo.
El Ejecutivo que preside Nayib Bukele atribuye la baja en los asesinatos a un plan de control territorial lanzado el pasado 20 de junio y con el que se han concentrado a más 7.000 efectivos de la Policía y del Ejército en 22 localidades.
El plan también incluye la rotación de los pandilleros presos para supuestamente romper la organización de dichos grupos al interior de las prisiones y cortar sus comunicaciones con el exterior.
Diferentes organizaciones sociales han criticado el plan de seguridad de Bukele porque, a su juicio, repite acciones implementadas en anteriores Gobiernos y con las que no se consiguieron resultados duraderos.
El aumento de efectivos militares en las calles es uno de los elementos del plan más cuestionados, dado que Bukele ha prometido incrementar la cifra de soldados en labores de seguridad.
Las “maras”, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones. Efe
