La Fiscalía General de la Nación creará una unidad especial de investigación de delitos ambientales y contra la deforestación, que funcionará desde San José del Guaviare, en la confluencia de la Orinoquía con la Amazonía, informó este miércoles la entidad.
Se trata de una iniciativa que forma parte del memorando de entendimiento que firmó la Fiscalía con la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) para “fortalecer la capacidad institucional en la investigación y judicialización de los responsables de crímenes ambientales”, según un comunicado.
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Este memorando permite “robustecer a la Fiscalía en la investigación de casos sobre crímenes ambientales y en la protección de los líderes ambientales”, subrayó el representante en Colombia de Usaid, Lawrence J. Sacks.
“Es un trabajo que reafirma el compromiso y la lucha a favor de nuestro medioambiente y, al mismo tiempo, busca atacar la minería ilegal, la tala de árboles y la siembra de cultivos ilícitos que ha generado múltiples problemas en esta zona del país”, afirmó por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa.
Colombia es el país más letal para los defensores del medioambiente y, según el último informe de Global Witness, en 2020 fueron asesinados 65 defensores ambientales.
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Además, el país no ha ratificado uno de los mecanismos internacionales para proteger a estas personas, que es el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado 22 de abril en una decena de países, pero cuya ratificación en Colombia depende del Congreso.
El pasado 4 de agosto, el presidente Iván Duque sancionó la nueva Ley de Delitos Ambientales, una iniciativa que aumenta las sanciones para quienes cometan infracciones con el medioambiente y mediante la cual la deforestación dejó de ser un delito excarcelable. EFE
