El ente investigador abrió una investigación por presuntos manejos irregulares de dinero público por parte de algunas EPS, en un momento de crisis e incertidumbre por el futuro del sector.
En esa dirección, la Fiscalía dijo que ordenó la conformación de un equipo especial conjunto de fiscales para realizar esta indagación ante posibles inconsistencias en la utilización de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación (UPC), que es lo que paga el gobierno a la EPS por cada paciente afiliado.
El anuncio se conoció durante una reunión a instancias de la Contraloría General de la República y en la que también participaron el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
La investigación de ese organismo se inició a partir de los primeros avances de la indagación fiscal de la Contraloría. En ese sentido la institución comenzará a investigar las rutas del dinero y sus respectivos usos.
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Un informe divulgado por la Revista Cambio indicó que 18 EPS gastaron entre 2020 y 2021 nueve billones de pesos, en rubros que no tuvieron que ver con atención en salud.
“La conclusión principal es que se utilizaron recursos de la Unidad de Pago por Capitación por un valor cercano a los 9 billones de pesos en actividades no permitidas, como adquisición de inversiones. Se encontró así que algunas EPS pagaron deudas de otras vigencias. Lo que está prohibido”, dice la Contraloría, citada por Cambio.
La situación se conoce justo en los momentos de los líos con varias EPS.
La Superintendencia Nacional de Salud intervino a Sanitas y la Nueva EPS, dos de las EPS más grandes que suman 24 millones de afiliados en total.
A eso se suma que la Caja de Compensación Familiar Compensar solicitó a Supersalud la aprobación para retirar su programa como EPS, de manera “total y voluntaria” del Sistema de Seguridad Social en Salud, informó el viernes pasado la empresa.
EFE
