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El fiscal general de Israel, Avijai Mandelblit, formalizó hoy la acusación en contra del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu por fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos de corrupción, lo que supone un nuevo golpe en el inestable y bloqueado panorama político israelí, recordando que es el político que más tiempo ha ostentado en el cargo de primer ministro en la historia de este país, y se convierte en el primer jefe de Gobierno acusado judicialmente de corrupción mientras ocupa el cargo.
La Fiscalía decidió acusar al jefe de Gobierno en los llamados casos 1000, 2000 y 4000, informó el Ministerio de Justicia en un comunicado, mientras se espera que Mandelblit presente todas las alegaciones en público en una rueda prensa a las 19.30 (12.30 COL), dicha acusación llega en pleno bloqueo político en Israel y sin Ejecutivo desde las elecciones de septiembre, lo que aleja a Netanyahu de seguir en el poder tanto en una repetición electoral como ante el proceso abierto en el Parlamento.
En el caso 1000, es sospechoso de aceptar lujosos regalos de millonarios para él y su familia -por hasta un millón de shéqueles (unos 260.000 euros) en carísimos puros, joyas, viajes y champán francés- de dos millonarios a cambio de favores; mientras que en el caso 2000 se examina un presunto intento de pacto con Arnon Mozes -tambien acusado-, editor del diario de pago de mayor difusión de Israel, el “Yediot Aharonot”, para lograr una cobertura más positiva sobre él a cambio de dañar la distribución del diario rival, el gratuito “Israel Hayom”.
Finalmente, en el conocido como caso 4000 o Bezeq, Netanyahu es acusado de haber hecho favores entre 2012 y 2017 al gigante de telefonía israelí Bezeq a cambio de cobertura favorable de él y su mujer, Sara, en un popular digital de noticias Walla, ambos controlados por el mismo empresario, Shaul Elovitch, que también es acusado, junto a su mujer, Iris.
Como acusado, Netanyahu no estaría obligado a dejar su cargo de primer ministro o diputado, pero si finalmente es condenado, el Parlamento podrá votar su destitución si el delito implica “depravación moral”, como ocurre con la acusación de cohecho, según recoge la Ley Básica israelí, con rango constitucional.EFE
