Foto: Archivo Referencial
El Gobierno del Presidente Iván Duque declaró que el galeón español San José, hundido frente a la ciudad de Cartagena de Indias en el siglo XVIII por corsarios ingleses, será considerado como bien de interés cultural del país; la decisión la tomó el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) luego de una solicitud hecha por la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, e implica que el rescate de la embarcación no podrá pagarse con parte de su carga de oro y plata.
La Vicepresidencia convocó para este viernes una rueda de prensa en la que dará detalles del caso del galeón; por su parte, el CNPC como órgano encargado de asesorar al Ministerio de Cultura en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación, toma esta decisión que iría en contra de lo determinado por el antiguo Gobierno de Santos.
La vicepresidenta Ramírez dijo el pasado 10 de octubre en Cartagena que el Gobierno no pagaría el rescate del San José con el patrimonio que se halle en el mismo, como había previsto el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos.
“¡Para el actual Gobierno, esta fórmula de pago es inaceptable! Lo que está en el galeón San José puede tener gran valor económico, pero antes que nada, todas y cada una de las piezas que se rescaten son de enorme e incomparable valor cultural e histórico para Colombia y para el mundo”, dijo en esa ocasión Ramírez.
El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).
Tras el anuncio del hallazgo del pecio, en diciembre de 2015, surgieron disputas entre Colombia y España, ya que el país europeo aduce que por tratarse de “un barco de Estado” con su bandera, le amparan las normas de la Unesco para reclamar su titularidad.
En octubre, Ramírez recordó que para rescatar el San José, el Gobierno de Santos puso en marcha un proceso de contratación mediante una Alianza Público-Privada (APP) que se pagaría principalmente con piezas rescatadas del mismo galeón, siempre que no fueran declaradas como patrimonio sobre la base de una polémica ley aprobada poco antes de que se hiciera público su hallazgo.
Con el cambio de Gobierno, en agosto de 2018, Colombia suspendió la contratación de una empresa para extraer el San José ante el temor a que suponga la pérdida de patrimonio nacional, especialmente por “la posibilidad de que el pago al contratista se realice mediante la entrega de piezas extraídas del galeón”.
Por otra parte, el Congreso aprobó una ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto “proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido”; allí se deja claro que forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas “las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio”.
Redacción digital y EFE.
