Las imágenes muestran a una joven atada a una viga mientras es azotada por adultos en la comunidad Emberá del Resguardo Gitó Dokabú.
El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior, rechazó la violencia contra una menor indígena del pueblo Emberá, en el departamento de Risaralda, luego de que circulara en redes sociales un video del hecho que atizó una ola de indignación.
Las imágenes, difundidas, muestran a una joven de 17 años atada de manos a una viga mientras es azotada por al menos dos hombres adultos en la comunidad Emberá del Resguardo Gitó Dokabú, en el municipio de Pueblo Rico.
El Ministerio del Interior rechazó en un comunicado “la situación de violencia intrafamiliar” de la que fue víctima la adolescente e instó a las autoridades territoriales a investigar y sancionar a los responsables “de este hecho de violencia”.
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La cartera, encabezada por el ministro Armando Benedetti, quien ha sido acusado de violencia de género, agregó que está articulando “acciones con organizaciones indígenas y entidades del orden nacional para garantizar la protección y salvaguardia de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres”.
La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia también se pronunció en X contra “la violencia estructural que sufren las mujeres y la niñez y que atraviesa todas las culturas, territorios y la sociedad”, pues advirtió que “no se puede luchar contra el machismo y la violencia de género con racismo”.
En el mismo sentido se expresó en un video difundido en redes sociales la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien aseguró que este caso “no es aislado ni un hecho excepcional, sino la manifestación de una violencia estructural y sistemática” contra niñas y mujeres.
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Marín afirmó que esta violencia “requiere acciones inmediatas como país” y precisó que este caso se produjo en el “entorno familiar y no en un marco de justicia propia o de las autoridades tradicionales”.
La funcionaria detalló que la víctima se encuentra “estable, sin fracturas internas y bajo atención especializada” y agregó que “ninguna tradición, costumbre o práctica cultural puede estar por encima del interés superior de la niñez”.
“Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la sociedad y a las instituciones a no usar este hecho para justificar la discriminación étnica. En Colombia, la violencia contra la niñez y las mujeres no es exclusiva de un solo contexto cultural o social, es un fenómeno generalizado y alarmante”, insistió.
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Marín añadió que, según datos de Medicina Legal, entre 2019 y 2024, se registraron 115.374 exámenes por delitos contra niños, niñas y adolescentes en el país. El 42 % de las víctimas tenía entre 10 y 13 años y el 13 % pertenecía a comunidades étnicas.
Sobre el caso de la adolescente del pueblo Emberá, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, expresó que “estos actos injustificables no se pueden escudar en tradiciones ancestrales” e informó que el Gobierno regional interpuso una denuncia penal contra los responsables.
“Es inadmisible que bajo el argumento de usos y costumbres se vulneren los derechos fundamentales de niñas y niños”, añadió Patiño.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación calificó lo sucedido como unos hechos “reprochables y que, sin lugar a dudas, trascienden el enfoque diferencial étnico y las violencias basadas en género, que se deben evitar en cualquier ámbito”.
EFE
