Un nuevo informe de ejecuciones extrajudiciales, o “falsos positivos”, asegura que al menos 300 personas, entre ellas varios indígenas de los pueblos wiwa, wayú y kankuamo, fueron asesinadas en el norte del país entre 2003 y 2008 por tropas de la Primera División del Ejército.
En el texto, presentado este fin de semana a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se indica que de las víctimas también hicieron parte “campesinos y pobladores de cascos urbanos en estado de vulnerabilidad”.
Asimismo, había “habitantes de calle, población recicladora y personas con algún tipo de adicción, por lo que se advierte un ejercicio de exterminio selectivo”.
Según las organizaciones, el informe “Y volveremos a cantar” es una declaración de persistencia frente a la impunidad y su objetivo es que la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, contribuya al propósito de reconocer que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales no eran delincuentes y que sus muertes no fueron legítimas.
Igualmente, buscan que la información aportada sirva como “medio de contrastación” de las versiones voluntarias de los exintegrantes del Ejército que han comparecido ante la JEP para aportar la verdad de lo ocurrido.
En el texto entregado a la JEP se explica que un informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la organización estadounidense Fellowship on Reconciliation documentó los casos de 6.863 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, de las cuales 5.763 fueron perpetradas entre 2000 y 2010 durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Lo anterior, “implicó que a lo largo de los dos periodos de dicho Gobierno cerca de dos personas cada día fueron víctimas de homicidios por responsabilidad de la Fuerza Pública”, se precisó en el documento.
Precisamente, la revista Semana dio a conocer este domingo que muchos de los uniformados que denunciaron estos casos han sido objeto de amenazas, seguimientos e intimidaciones, informa Efe.
Frente a esta última publicación, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, aclaró a periodistas que, según el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, “no se ha ordenado ningún tipo de actividades en contra de miembros de la institución que estén denunciando de manera anónima presuntas irregularidades”.
