La fiscalía surcoreana ha pedido la pena de muerte para una mujer acusada de asesinar el año pasado a su hija adoptiva de solo 16 meses, según recogen hoy medios locales.
El ministerio fiscal, que acusa a la mujer de asesinato, solicitó el miércoles la pena máxima ante el tribunal del Distrito Sur de Seúl que va a juzgar este caso que ha conmocionado a la opinión pública surcoreana y redoblado las llamadas para mejorar la respuesta de los servicios sociales en situaciones como esta.
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La fiscalía considera que la mujer, de la cual solo se ha dado a conocer su apellido (Jang), pudo tener la intención de matar a la bebé o al menos pudo haber sido consciente de que la niña podía morir a causa de las agresiones y abusos de las que se acusa a la madre adoptiva.
La pequeña, de nombre Jung-in, fue adoptada en febrero del año pasado y murió en octubre a causa de unas graves lesiones abdominales y hemorragias internas causadas por el uso de una “fuerza excesiva” por parte de un agresor.
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Jang sigue insistiendo a día de hoy en que la pequeña sufrió esas heridas debido a que la dejó caer accidentalmente, y la fiscalía ha apuntado que no siente ningún “remordimiento”.
En las últimas dos décadas los tribunales surcoreanos rara vez han solicitado la pena de muerte, y solo han fallado a favor de la pena máxima -para la cual el país mantiene una moratoria no oficial desde finales de los noventa- en casos de asesinatos múltiples.
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Actualmente hay más de 60 personas en el corredor de la muerte en Corea del Sur, que lleva sin ejecutar a un reo desde 1997.
Para el padre adoptivo de la niña, que está acusado de abuso de menores y negligencia, la fiscalía ha pedido 7 años y medio de cárcel.
El terrible caso de Jung-in puso en el punto de mira a los servicios sociales y a la policía surcoreana, que no respondió pese a recibir tres informes sobre sospechas de abusos en un lapso de apenas cinco meses, y miles de personas han firmado peticiones online pidiendo una dura condena para Jang.
