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El presidente Vladimir Putin firmó el miércoles una serie de leyes que otorga a Rusia nuevos poderes para restringir a los gigantes de las redes sociales estadounidenses, etiquetar a las personas como “agentes extranjeros” y tomar medidas contra la divulgación de los datos personales de oficiales de seguridad.
Las leyes, que también introducen nuevas restricciones para las protestas, coronan un año de reformas constitucionales que permitirán a Putin, de 68 años, presentarse a dos mandatos de seis años más en el Kremlin en lugar de abandonar el cargo en 2024 como se le había exigido legalmente.
Otras reformas, como la que otorgó a los expresidentes inmunidad de por vida frente al enjuiciamiento, tienen a los analistas ocupados adivinando sus planes, en un momento en que los lazos de Moscú con Occidente se han vuelto a tensionar por el envenenamiento del crítico del Kremlin Alexei Navalny.
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Una de las leyes del miércoles permite a Rusia bloquear o restringir el acceso a sitios que “discriminan” a sus medios de comunicación, como parte de una campaña de Putin para aumentar la “soberanía” rusa en Internet que ha alimentado los temores de controles al estilo de China.
En la actualidad, Twitter etiqueta a algunos medios rusos como “medios afiliados al estado”, una medida criticada por Moscú. Los partidarios de la ley citaron las quejas sobre los prejuicios mostrados por Facebook, Twitter y YouTube.
Una segunda ley introduce fuertes multas de hasta el 20% de su volumen de negocios en Rusia del año anterior para los sitios que se niegan repetidamente a eliminar contenido prohibido, algo que YouTube y Facebook no hacen a menudo, según los legisladores rusos.
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Una tercera ley prohíbe la divulgación de datos personales de los funcionarios de seguridad rusos, registros que a veces se filtran en línea y han sido utilizados por periodistas de investigación para rastrear operaciones clandestinas.
Otras leyes nuevas introdujeron sentencias de cárcel de hasta dos años por difamación en internet, así como nuevas regulaciones que prohibirán la financiación de protestas por parte de “agentes extranjeros” y permitirán prohibir las manifestaciones debido a emergencias.
