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La Justicia Especial de Paz (JEP) expulsó este viernes de su jurisdicción al exlíder de las Farc Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, así como a José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”, y Henry Castellanos, alias “Romaña”, poco más de un mes después de que retomaran las armas.
En la audiencia en que se tomó la decisión, el magistrado Iván González Amado leyó un auto en que asegura que tras ver el video en que anuncia que vuelven a las armas, publicado el pasado 29 de agosto, se ha podido comprobar “que son desertores manifiestos” del proceso de paz.
“Como consecuencia. la única sanción aceptable es la máxima posible: la expulsión de la Jurisdicción Especial para la Paz y la pérdida de todos los beneficios, judiciales y administrativos, que recibieron los involucrados como miembros de la extinta guerrilla de las Farc”, reza el auto.
De ese modo, no solamente quedan excluidos de los beneficios concedidos por las autoridades judiciales y administrativas sino también revertir y remitir a la justicia ordinaria los casos en los que estén involucrados los tres exlíderes de las Farc.
Por eso, ordenaron a la Secretaría Judicial General de la JEP que “identifique todas las actuaciones que frente a ellos lleva la jurisdicción con el fin de que (…) las autoridades de la JEP dispongan el envío a los órganos competentes de la justicia ordinaria de todas las diligencias correspondientes que no se requieran para el cumplimiento de funciones de la JEP”.
Asimismo, la decisión será comunicada a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto.
Dentro de los beneficios revocados están las amnistías o indultos otorgados, la libertad condicional o condicionada, la suspensión o cancelación de las órdenes de captura y los beneficios administrativos y económicos relacionados con el proceso de reincorporación a la vida civil.
La JEP es la columna vertebral del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla Farc en 2016, y se encarga de juzgar los actos cometidos con ocasión del conflicto armado del país.
Quienes se sometieron a ella tienen beneficios judiciales y entre las sanciones que impondrá están las “propias”, aquellas que implican reparación del daño causado e incluyen restricción de la libertad en establecimientos no carcelarios de cinco a ocho años y las “alternativas”, que suponen penas de prisión por el mismo periodo de tiempo.
