Más de 300 organizaciones de derechos humanos (colombianas y miembros del Grupo ONG-LAC en Ginebra) le pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “condene la brutal represión” de las manifestaciones en Colombia.
Según estas organizaciones, como la Campaña Defender La Libertad, desde el inicio de las protestas el 28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios, que incluyen al menos 27 víctimas a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
A diferencia de las cifras oficiales que reportan, según la Defensoría del Pueblo, ha confirmado por lo menos 42 civiles fallecidos en las protestas y 2 policías muertos.
Las ONG denuncian que hay “un número significativo de muertes atribuidas a civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las fuerzas armadas del Estado”; y que aún hay 327 personas que continúan desaparecidas, de las cuales, casi la mitad son “negadas” por las autoridades.
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También señalan que por lo menos 80 personas han sufrido lesiones oculares y otras 114 heridas de bala.
“Alrededor de 3.200 manifestantes han sido detenidos arbitrariamente sin garantías a su derecho a un debido proceso, lo que los ha expuesto a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de la Campaña y documentan estas violaciones a los derechos humanos también han registrado golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación”, dicen las ONG en un comunicado público.
En el documento, se señala que muchas de estas conductas “no se están investigando y para aquellas graves irregularidades donde sí hay investigaciones, estas están en manos de la justicia penal militar o no avanzan con la transparencia y la celeridad que las víctimas necesitan para obtener justicia”.
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Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y miembro del Grupo ONG-LAC, dijo que “en lugar de buscar una solución pacífica a la situación, el Gobierno (de Iván Duque) ha negado la mayor parte de los abusos por parte de la fuerza pública y se ha centrado en deslegitimar a los manifestantes, incluso comparándolos con terroristas”.
“Esto, junto con la militarización de la respuesta y la participación de civiles armados, recuerda las horas más difíciles del conflicto en Colombia”, añade Staberock.
Las organizaciones pidieron a los Estados reunidos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que “convoquen una investigación e insten a las autoridades colombianas a tomar las medidas necesarias para respetar y garantizar el derecho a la vida y los derechos fundamentales en el contexto de las protestas”.
