Más de cien países ha suscrito el tratado internacional contra la pesca ilegal o se preparan para hacerlo con vistas a vetar en el mercado sus productos, que perjudican la economía de las comunidades pesqueras, como destacó la FAO.
En el Día internacional contra la pesca ilegal, el director de Pesca y Acuicultura de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Manuel Barange, aseguró hoy en Roma que un total de 87 países forman parte del llamado Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto y otros 18 están en proceso de adherirse.
Ese tratado, que entró en vigor el 5 de junio de 2016, exige que los buques extranjeros se sometan a inspecciones en cualquier puerto de escala, si las autoridades lo consideran necesario, y que los países firmantes compartan información sobre las irregularidades detectadas.
“No se trata de un trozo de papel, sino de un trampolín que ha animado a los países a coordinarse para combatir la pesca ilegal”, dentro de los esfuerzos por cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, declaró Barange.
Se estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada alcanza 26 millones de toneladas al año, alrededor de una quinta parte de las capturas mundiales, y contribuye a la explotación insostenible de especies, que afecta a un tercio de las poblaciones de peces del mundo.
El país sudamericano fue, tras Noruega, el segundo país en ratificar el mencionado tratado en 2012 y desde 2014 ha implementado medidas legales “incluso más duras” que las que prevé el acuerdo, según Romero.
Entre otras cosas, mencionó la aprobación de una ley para modernizar la fiscalización de las actividades en mar, puerto o tierra, así como la incautación en 2018 de 1.850 toneladas de pescado extraídas de manera irregular.
El director general de Pesca marítima de Italia, Riccardo Rigillo, sostuvo que las normas de la Unión Europea buscan prevenir la pesca ilegal en todas las fases de la cadena y que los países comunitarios están estudiando un sistema digital para intercambiar información sobre los certificados de captura que exigen a las importaciones. EFE
