Foto:@Jinbed
La periodista colombiana Jineth Bedoya, víctima de violencia sexual en el ejercicio de su profesión, pedirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordene medidas de protección para las comunicadoras y de reparación para las mujeres que han sufrido ese tipo de violencia, especialmente en el marco del conflicto armado de Colombia.
Del 15 al 17 de marzo, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, llevará a cabo una audiencia virtual por la demanda de Bedoya contra el Estado colombiano, a raíz del secuestro, violación y torturas de las que fue víctima en el año 2000 cuando esperaba la confirmación de una entrevista en las afueras de la cárcel Modelo.
“Es un momento muy importante para la prensa colombiana. No solo es el caso de una periodista que fue víctima de todos los tipos de violencia, sino la oportunidad para exponer las dificultades que hemos tenido que enfrentar los periodistas para ejercer en Colombia”, afirmó Bedoya este viernes en una videoconferencia de prensa.
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La demanda señala que el Estado tuvo conocimiento de la situación de riesgo real e inminente en que se encontraba la periodista y no adoptó medidas entendidas como razonables para protegerla, en un contexto generalizado de violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado colombiano.
Bedoya aseveró hoy que solicitará medidas de protección para que las mujeres puedan ejercer el periodismo con libertad en su país.
La periodista también pedirá acciones de reparación para las mujeres y niñas que durante el conflicto armado interno sufrieron violencia sexual, torturas, fueron obligadas a abortar o fueron reclutadas por los grupos paramilitares.
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“Lo que estamos buscando es que se conozca la verdad, pero sobre todo que haya medidas de reparación, que no solamente se compense en algo el daño a Jineth Bedoya y a la prensa colombiana, sino también a las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual”, expresó la comunicadora.
La periodista enfatizó que hay “desidia” del Gobierno colombiano a la hora de tratar la violencia y que en su caso particular han sido “20 años de dolor sin una respuesta oportuna del Estado”.
“Ha habido un sinnúmero de irregularidades. Se han perdido piezas procesales claves del expediente, se han amenazado testigos, han habido atropellos a personas parte del proceso y la Fiscalía no ha indagado sobre los autores intelectuales”, señaló.
