La Contraloría General de la Nación ordenó embargos en contra de Empresa de servicios públicos de Medellín (EPM), Integral y Conconcreto por el presunto detrimento patrimonial valorado en 4 billones de pesos durante el proceso de responsabilidad fiscal de Hidroituango.
“Decretar el embargo y retención de los dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de titularidad” de las empresas anteriormente mencionadas, dice la decisión.
Igualmente, la medida cobija a las personas naturales que estén relacionadas con la obra de Hidroituango.
La Contraloría advierte que las medidas cautelares decretadas tendrán vigencia por el tiempo que dure el proceso de responsabilidad fiscal.
