La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad le pidieron este lunes a la Defensoría del Pueblo que haga una “evaluación urgente y detenida” sobre la trágica situación que viven los defensores de derechos humanos y ex integrantes de las desmovilizadas Farc-Ep.
“El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición solicita que, con fundamento en sus hallazgos y consideraciones, rinda prontamente un informe y adopte una resolución defensorial, en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado y fije la hoja de ruta para detener esta tragedia humana”, subrayaron las tres entidades.
Los organismos creados tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 presentaron un balance sobre el panorama de violencia, que deja 904 líderes sociales y 276 exmiembros de Farc asesinados desde 2016. De los más de 900 defensores de derechos humanos, cerca de la mitad eran agentes activos en labores de implementación del Acuerdo Final en distintas regiones y comunidades del país andino.
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Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, aseguró que los atentados contra estas personas afectan a la totalidad de comparecientes al sistema de justicia transicional y verdad, pues aquellos que están “dispuestos a revelar verdad” sobre los hechos ocurridos durante el conflicto, “son intimidados por la muerte de sus compañeros”.
El titular de la JEP lamentó que la violencia contra defensores y desmovilizados constituye una “barrera de acceso” a la justicia transicional y puede convertirse en “muro infranqueable a las aspiraciones de víctimas” que buscan verdad, justicia y reparación.
Cifuentes advirtió también que las entidades de paz están ante una “latente posibilidad de parálisis y fracaso” y que su misionalidad está en riesgo “si no paran los asesinatos y amenazas”.
Igualmente, recalcó que “la tragedia humanitaria” que develan las cifras de violencia, que era en cierta medida previsible, “obliga al Defensor del Pueblo a evaluar la respuesta estatal conforme a estándares más rigurosos”.
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No obstante, el magistrado fue más contundente y aseguró que “los homicidios y demás hechos atroces evidencian que Colombia no ha implementado cabalmente el Acuerdo Final”.
Y dijo en otro aparte: “Mientras los actores armados sigan asesinando defensores y excombatientes desmovilizados, todos los ojos deberían estar puestos en la gestión estatal, pues la prolongación de la guerra es el más claro indicador de que algo está fallando”.
Por su parte, Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseveró que “el asesinato de líderes y de excombatientes se ha convertido en un tema difícil para el acercamiento a la verdad”.
Finalmente intervino Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, quien advirtió que los líderes y desmovilizados de las Farc “están siendo víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.
“Cada vez que muere un compareciente, es verdad que no vamos a conocer”, dijo Álvarez, y añadió que “jamás nos podremos reconciliar en Colombia si se siguen matando a quienes dejaron las armas”.
