Las defensoras de DD.HH. en Colombia resisten entre amenazas y asesinatos

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Las mujeres defensoras de derechos humanos fueron víctimas de 1.339 hechos violentos entre 2013 y 2019 en Colombia, pese a lo cual siguen arriesgando sus vidas para proteger a su gente de los ataques de grupos armados mientras luchan contra el desamparo del Estado y la impunidad.

Así lo advirtió un informe del programa no gubernamental Somos Defensores divulgado este miércoles, que señala que las voces de resistencia de las lideresas sociales enfrentan un peligro de doble filo por su condición de mujeres y por su liderazgo.

Las defensoras son vistas en los territorios como amenazas para las actividades ilegales cuyo control se disputan desde el desarme de las Farc otros grupos armados, lo que las convierte en blancos de agresiones en las que su condición de género representa un agravante.

Según el informe, entre 2013 y 2019 “se registraron 4.355 hechos de violencia, de los que 1.336 fueron contra mujeres defensoras de derechos humanos y 3.017 contra hombres (…) además de dos casos en los que no hay claridad sobre el sexo de la persona defensora”.

Además, al menos tres mujeres fueron víctimas de más de una agresión, lo que aumenta a 1.339 el total de hechos violentos contras las defensoras.

Del total de las agresiones, el 31% corresponde a hechos que “pusieron en riesgo su vida e integridad y obstaculizaron la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos en Colombia”.

Entre las agresiones se cuentan asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, uso indebido del sistema penal, desaparición forzada, violencia sexual, robos de información y lesiones personales.

De los casos incluidos en el estudio, el 67% son de autoría de grupos paramilitares, mientras que del 25% se desconoce el autor, el 4% fue cometido por instituciones del Estado, el 3% por disidencias de las Farc y el 1% por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El miedo que infunden las bandas criminales, subrayó Somos Defensores, hace que aunque en muchos casos las mujeres identifiquen a sus agresores, no suministren información a las autoridades por el temor a represalias contra ellas y su círculo cercano.

Sin embargo, infundir miedo es la forma de violencia más utilizada por los grupos que quieren silenciar sus reclamos y denuncias, así como detener su trabajo.

“La amenaza funciona como mecanismo de control violento, que puede ser muy efectiva, pues a través del miedo lleva a apagar las iniciativas de las defensoras, que bajan su perfil o se silencian para proteger sus vidas, las de sus familias y las de las personas que hacen parte de sus procesos”, agregó Somos Defensores.

En relación con los asesinatos, Somos Defensores destacó el grado de sevicia con el que estos son perpetrados, “característica muy asociada a los ataques contra las mujeres, por el hecho de serlo, como sucede también con la violencia sexual”.

Los grupos detrás de estas agresiones intentan “agudizar la violencia para ‘castigar’ a quienes además de ser consideradas ‘enemigas’ son reprochadas por ser ‘mujeres’, de manera que los responsables descargan en el ejercicio de la violencia todos los estereotipos contra las víctimas”.

“Es importante resaltar que al existir territorios donde diferentes actores confluyen para disputarse el control, las amenazas de muerte para las lideresas pueden provenir de varios y quien finalmente materializa el hecho no logra ser identificado”, agregó la organización.

Los homicidios contra defensoras de derechos humanos se encuentran en la impunidad en un 91% y aunque la Fiscalía ha centrado sus esfuerzos en esclarecerlos, Somos Defensores denunció que no se han adoptado medidas suficientes para investigar las amenazas, los hechos de violencia sexual, los casos desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos contra ellas.

Ante la impunidad y el aumento de la violencia, Somos Defensores recomendó, entre otras medidas, acelerar la implementación del acuerdo de paz, promover en los gobiernos territoriales la corresponsabilidad sobre la protección de los líderes y formular una política pública de garantías para la defensa de los derechos humanos. Efe