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Las masacres que dejaron doce muertos el lunes en los departamentos de Bolívar y Antioquia confirman los riesgos que para miles de personas supone vivir en determinadas regiones de Colombia, tal como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo.
Hasta el pasado 31 de agosto la entidad había emitido 45 alertas tempranas por hechos de violencia en 20 de los 32 departamentos del país, tres de ellas sobre los municipios de Simití (Bolívar) y Zaragoza (Antioquia) donde el lunes fueron perpetradas dos masacres.
Pese a las alertas de la Defensoría y el reclamo de organizaciones civiles para que estas zonas sean intervenidas integralmente por el Estado, el Gobierno insiste en señalar al narcotráfico como principal combustible detrás de las 53 matanzas ocurridas este año, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
“Es necesario señalar que en muchas de ellas se ve la mano criminal del narcotráfico porque se trata de retaliaciones entre bandidos, o porque la causa es el ajuste de cuentas, o porque se matan entre ellos para quedarse con las rutas, los insumos, o el producto final”, dijo este martes en el Carmen de Bolívar el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
En un barrio de esa localidad del departamento de Bolívar también fueron tiroteados en la noche del lunes otros cuatro jóvenes cuando estaban sentados en las terrazas de sus casas, de los cuales dos murieron en el acto y otros dos en el hospital.
ALERTA EN SIMITÍ
La Defensoría del Pueblo emitió el 9 de junio una alerta temprana sobre los “escenarios de riesgo” por “la presencia y accionar del grupo de delincuencia transnacional ‘Los Venecos’, los grupos armados de delincuencia organizada de alcance local, las Autodefensas Gaitanistas de (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)” en Simití y otros municipios de Bolívar.
El organismo advirtió entonces sobre la vulnerabilidad de la población migrante en el sur de ese departamento, región controlada por actores armados que protagonizan una disputa del dominio sobre actividades criminales como el narcotráfico y la minería ilegal.
A pesar de ese campanazo, tres hombres, entre ellos dos venezolanos, fueron masacrados el lunes en una vereda del corregimiento de Monterrey, que hace parte de Simití.
En esa zona la Defensoría apunta a “Los Venecos” como el grupo responsable de reclutar, transportar y explotar sexualmente a mujeres y adolescentes migrantes víctimas de trata de personas, delito que representa altas ganancias económicas para las bandas criminales de la región.
GRUPOS ARMADOS FORTALECIDOS
El riesgo en Bolívar aumenta cuando la población más vulnerable ingresa a zonas rurales controladas por el ELN, ya que esa guerrilla hace reclutamiento forzado para engrosar sus filas.
“La estrategia del ELN obedece a la necesidad de cubrir vacíos de control territorial dejados por las FARC-EP luego de su proceso de reincorporación a la vida civil, social, política y económica, así como de su interés en contener la ofensiva del Ejército Nacional, que a través de la Fuerza de Tarea Marte busca recuperar el control territorial de la zona”, detalló la Defensoría.
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En esa compleja situación también participan las paramilitares AGC, organización que al parecer promueve la conformación de grupos de delincuencia organizada local, que posteriormente subcontrata, asignándoles roles específicos como el control de sitios dedicados a la venta de drogas.
En esa estrategia las bandas criminales se aprovechan principalmente de jóvenes migrantes para engañarlos con promesas de empleo y terminan siendo inducidos a actividades ilegales relacionadas con la extorsión, el sicariato y el tráfico de estupefacientes.
VIOLENCIA EN ZARAGOZA
Los riesgos en el municipio de Zaragoza, que pertenece a la convulsa región del Bajo Cauca antioqueño, donde el lunes fueron masacradas cinco personas, también habían sido advertidos por la Defensoría.
El organismo publicó el pasado 9 de enero y el 31 de agosto dos alertas en las que señalaba el aumento de la violencia contra adolescentes, afrodescendientes, campesinos, líderes sociales y migrantes, derivada de la disputa entre las AGC y el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), conocido también como “Los Caparrapos”.
La Defensoría ha observado en lo corrido del 2020 un “cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales en el Bajo Cauca antioqueño” y especialmente desde el segundo semestre de 2018 la presencia de varios de estos grupos en Zaragoza han posibilitado que se desarrollen diversos focos de violencia. Efe
