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Organizaciones de DDHH criticaron este martes a la Procuraduría General de la Nación por ordenar a las autoridades locales el entierro de los cuerpos no identificados que permanezcan en las morgues para disponer de espacios para víctimas mortales del coronavirus.
Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la medida, que también incluye cadáveres no reclamados, pone en riesgo la identificación de miles de desaparecidos en el país, de los cuales cerca de 120.000 casos se han dado en el contexto del conflicto armado.
“Expresamos nuestra consternación y rechazo a la resolución proferida el 3 de abril por la Procuraduría General (…) ordenando que con carácter de urgencia procedan a la inhumación de los cadáveres que han permanecido en las morgues de sus municipios”, señaló el Movice en un comunicado.
El mensaje está firmado por 72 organizaciones de derechos humanos agrupadas en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada.
Para las organizaciones de víctimas resulta “extremadamente peligroso” ordenar a las autoridades locales deshacerse “de los miles de cadáveres que en los 1.200 municipios del país han permanecido a la espera de los procedimientos y protocolos necesarios para su identificación y regreso a sus familias”.
La resolución de la Procuraduría señala que los alcaldes deben verificar los cuerpos que actualmente se encuentran en las morgues municipales en condición de no identificados, identificados no reclamados o cualquier otra forma de “cadáveres de personas pobres de solemnidad”, con el fin de proceder a la inhumación.
De esta manera, el Ministerio Público espera que “se mitigue el riesgo de que en caso de que se produjeran varias muertes simultáneas” por coronavirus, “se encuentren disponibles los lugares en donde disponer los cuerpos, estando las administraciones municipales preparadas para tal eventualidad”.
El objetivo de la resolución es que el país, donde ya han fallecido 50 personas por COVID-19, esté preparado y no llegue a situaciones como la vivida en Ecuador, con cadáveres acumulados en las casas e incluso en las calles.
Sin embargo, para las organizaciones de víctimas, “esta medida es a todas luces irracional, innecesaria, desproporcionada y vulneratoria del derecho inalienable de miles de familias de personas desaparecidas y (…) el derecho a conocer la verdad”.
El comunicado promovido por el Movice aseguró que con esta disposición la Procuraduría “está ejerciendo facultades reglamentarias que no le competen”.
Señaló también que el Ministerio Público está “emitiendo órdenes ejecutivas sin conexión o causa directa con las orientaciones que en materia de manejo y disposición final de cadáveres por COVID-19 ha expedido el Ministerio de Salud”. EFE
