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Al menos 47 líderes sociales o defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el primer trimestre de 2020, según un informe del programa Somos Defensores publicado este miércoles que destaca que los crímenes han aumentado durante la pandemia del coronavirus.
Los asesinatos que la organización no gubernamental documentó entre enero y marzo de este año suponen un aumento de 22 casos con respecto al mismo periodo del año anterior cuando registró 25 homicidios.
“Los primeros meses de 2020 han sido muy complejos para los liderazgos sociales en Colombia. Además de los altos niveles de violencia en los territorios y de las constantes agresiones en su contra por la labor de defensa de los derechos humanos, se está haciendo frente a una crisis provocada por la pandemia del COVID-19”, señala el informe.
Según Somos Defensores, esta situación “ha puesto en evidencia los vacíos del Estado en las regiones y las vulnerabilidades a las que está expuesta la población, especialmente en zonas rurales”.
Como ya lo había advertido hace dos semanas en su informe sobre 2019, Somos Defensores subraya que los asesinatos significan la materialización de las múltiples amenazas recibidas por los líderes en años anteriores, agresiones que han frenado sus procesos de defensa y protección de los territorios.
Los asesinatos fueron perpetrados en los departamentos del Cauca (9), Antioquia (8), Putumayo (6), Norte de Santander (5), Huila, Valle del Cauca y Córdoba (tres cada uno); Caquetá, Nariño y Chocó (dos cada uno), y Bolívar, Santander, Boyacá y Cundinamarca (uno cada uno).
IMPUNIDAD EN LA PANDEMIA
Somos Defensores documentó de enero a marzo un total 197 agresiones, incluidos los asesinatos, contra 187 dirigentes sociales, entre ellos líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y defensores de derechos humanos.
Aunque el primer trimestre de 2020 tuvo 58 agresiones menos que el mismo periodo del año anterior, cuando se documentaron 245, Somos Defensores advirtió que la cifra no representa una reducción de hechos violentos.
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Según la organización, esta disminución se debe a la imposibilidad que tiene su equipo de viajar a los territorios en los que se denuncian las violaciones, dada la cuarentena obligatoria que restringe la movilidad en el país desde el 25 de marzo.
“Esto es de especial preocupación en este momento en el que todo el país se encuentra en confinamiento obligatorio declarado por el COVID-19; a raíz de esta situación los líderes se han convertido en un blanco fácil para los agresores”, detalló el informe.
Según el estudio, las condiciones del aislamiento preventivo facilitan la identificación de los lugares en los que permanecen los líderes sociales, mientras los actores violentos continúan ejerciendo control social en los territorios. Efe
