Las propiedades afectadas están ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
La Fiscalía ocupó 23 bienes inmuebles valorados en 65.900 millones de pesos pertenecientes a cuatro contratistas y a la exministra Karen Abudinen, implicados en el fraude al Estado en un contrato para proveer la conexión de internet a más de 7.000 escuelas rurales.
Las propiedades afectadas están ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, detalló la Fiscalía en un comunicado.
Los bienes ocupados hacen parte del patrimonio de Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares.
Las propiedades forman parte del “patrimonio de algunos de los implicados en los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal ‘Centros Poblados’, para dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país”, señaló el ente acusador.
La investigación determinó que las propiedades supuestamente fueron adquiridos con “recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal ‘Centros Poblados’”.
En septiembre de 2021, la ministra Abudinen renunció al cargo tras el escándalo. Ella estuvo al frente de esa cartera desde mayo de 2020 hasta septiembre de 2021, durante el Gobierno de Iván Duque.
Para empezar a ejecutar el contrato, cuyo monto total supera el billón de pesos (unos 264 millones de dólares), el Gobierno otorgó a Centros Poblados un anticipo de 70.000 millones de pesos.
Por otra parte, en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría, también se aplicó una medida cautelar a un inmueble de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen.
Las medidas impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
La investigación evidenció que se combinaron bienes lícitos con recursos de origen ilícito, además del uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ como instrumento para la comisión de las irregularidades.
EFE
