ONG FundaRedes pide atención médica para activista Javier Tarazona

Foto: @NoticiasSB1
Foto: @NoticiasSB1

La ONG venezolana Fundaredes exigió este miércoles al Estado venezolano el traslado “urgente” a un centro de salud y atención médica para el director de esta organización, Javier Tarazona, y su hermano y activista Rafael Tarazona, quienes, tras 104 días de detención, dieron positivo por la covid-19, según su abogado, Zair Mundaray.

“He tenido conocimiento hace minutos, que los hermanos Tarazona, de Fundaredes, ilegalmente detenidos por orden de Maduro por defender derechos humanos, han dado positivo en la prueba de covid-19. Deben ser liberados y atendidos urgente. Lo que les ocurra es responsabilidad de la dictadura”, publicó Mundaray en su cuenta en Twitter.

Recomendamos leer: La OMS teme por rebrotes de ébola luego de los recientes casos en República del Congo

Tras conocerse la información, la gerente de documentación y derechos humanos de Fundaredes, Clara Ramírez, recordó que los hermanos Tarazona y Omar García -otro activista de Fundaredes detenido sobre quien no se detalló si también esta contagiado- tienen “enfermedades de base que fueron diagnosticadas antes de su detención arbitraria”.

“Hacemos un llamado para que sean trasladados de manera urgente e inmediata a un centro médico, para que reciban atención médica, para que cuenten con observación permanente”, solicitó Ramírez en un video publicado en el Twitter de Fundaredes.

Igualmente, Kenny Molina, la esposa de Javier Tarazona, señaló su preocupación por el estado de salud del hombre, debido a las enfermedades que padece, por ello le hizo un llamado al Gobierno de Venezuela para que se pronuncie sobre la situación que está afectando a Tarazona y su hermano.

Recomendamos leer: Un meteorito cayó en la cama de una mujer mientras dormía

Los activistas fueron detenidos el pasado 2 de julio e imputados por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

Antes de su detención, los hermanos Tarazona y García habían presentado unas denuncias en el Ministerio Público para que se investigara la supuesta relación del Estado con miembros de grupos guerrilleros, como las extintas FARC y el ELN, algo que la Fiscalía calificó de “difamaciones”.