La Procuraduría General de la Nación recomendó a la Dirección General de Sanidad Militar que se revoque el proceso licitatorio para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos por presuntas irregularidades que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes.
Según el Ministerio Público este contrato, que tiene un valor de $387.000 millones, debe ser investigado por presunto incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal.
“El órgano de control, como parte de una acción de vigilancia y seguimiento, advirtió a la Dirección de Sanidad que las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y los principios de planeación y selección objetiva; y no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
El ente reguador asegura que en los estudios previos, no fueron sustentadas las condiciones para la habilitación y calificación del contrato además del pago de facturas sin auditoría médica, para generar “liquidez” al contratista.
“Al evaluar los pliegos de la licitación evidenció que se abre la puerta al pago de medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, originando posiblemente sobrecostos que se financiarían con recursos públicos de la seguridad social en salud.”, aseguró el Ministerio Público.
Además recordó quelos regímenes especiales de salud también están sometidos al control de precios de medicamentos, por lo que los pliegos de la licitación no pueden desconocer el ordenamiento legal.
