Foto: Archivo Referencial
En las últimas horas, tras el anuncio del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, de abrir de manera preliminar una investigación en contra del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, la polémica por el escándalo de los créditos destinados para apoyar a los diferentes pequeños y medianos productos del campo en el país aumentó en contra del mismo ministro y de Fenalco.
Este anuncio se hizo durante la primera rueda de prensa que realizaron los jefes de los entes de control del país, el pasado viernes. A través del plan Transparencia por la Emergencia se busca que todo tipo de irregularidad en contratos o en la entrega de ayudas dentro del contexto de la pandemia por el COVID-19, sea perseguida, identificada y expuesta por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
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Ahora bien ¿qué relación existe entre el MinAgricultura y el escándalo por los créditos de Finagro?, pues desde el mismo ente acusatorio se expresó que hay dos investigaciones preliminares abiertas de entidades del orden nacional, y una de ellas es a Fenalco, el organismo que se supone deberá entregar de manera transparente las ayudas, a través de créditos, a aquellos campesinos y productores del agro más afectados por esta pandemia.
Sin embargo, desde la misma Contraloría se explicó hace unas semanas que se pudo identificar que por lo menos el 90% de dichos recursos no estaban siendo direccionados para las personas más vulnerables, sino que se entregaron a las empresas con mayor poder económico en el país y que no necesitarían con urgencia estos créditos.
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Por su parte, Finagro intentó demostrar a través de cifras recogidas por la misma entidad, que sí se han repartido de manera responsable estas ayudas, en especial a departamentos donde más se han identificado a las poblaciones afectadas por la emergencia nacional ocasionada por el COVID-19. No obstante, de parte de aquellos pequeños productores y campesinos se rechaza este tipo de comentarios.
Por dicha razón fue que el fiscal Barbosa decidió que el ente que él representa, debía investigar este tipo de irregularidades, de la mano con el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, determinando que hay “un aforado constitucional”, y a quien se le abrió una investigación preliminar por dicho escándalo, es decir, el jefe de la cartera que se encuentra bajo la lupa de los entes de control en este caso, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea.
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“Esto no ha terminado. Esto está empezando. No vamos a permitir que un solo peso de los colombianos, de la gente que está en este momento observando a la distancia confinada, se pierda”, fue uno de los señalamientos que hizo el Fiscal General de la Nación durante su intervención en la rueda de prensa.
¿Qué significa entonces el término de aforado constitucional? No es más que la situación jurídica en la que se enfrenta determinado individuo, que por su condición personal, por el cargo que ocupa o la función que desempeña, deberá tener una investigación especial y por ende, no podrá ser juzgado de la manera tradicional.
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Ahora bien, recordemos que la cartera de Agricultura ya tuvo una situación similar a la que se enfrenta en este momento. Pues en 2009 se pudo comprobar que el programa Agro Ingreso Seguro, quien tenía a su cabeza al hoy condenado por corrupción, exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, destinó líneas de crédito a grandes empresarios del país, lo que no estaba estipulado, pues se suponía que estas ayudas iban destinadas a los agricultores más necesitados de Colombia.
