El príncipe Mohamed bin Salman tiene responsabilidad en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, afirmó la ONU en un informe que pide más sanciones internacionales contra el heredero de la monarquía saudí y continuar las investigaciones bajo los auspicios del organismo internacional.
El informe de cien páginas, fruto de seis meses de investigación de la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, concluye que el asesinato del 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí en Estambul (Turquía) “fue resultado de un plan elaborado” y “premeditado” bajo la supervisión de altos cargos de la monarquía.
La muerte del periodista “constituye un crimen en el que otros Estados pueden aplicar la jurisdicción internacional, por lo que pido a éstos que tomen las medidas necesarias”, subrayó en el texto la relatora, quien también citó la existencia de “evidencias creíbles” para investigar la responsabilidad de Bin Salman.
En el documento, que la próxima semana será presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos, Callamard pide a la comunidad internacional que aumente las sanciones contra el príncipe saudí y sus propiedades, “hasta que pueda probar que no tiene ninguna responsabilidad”.
También solicitó al Consejo de Derechos Humanos o en su defecto al Consejo de Seguridad o al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que abran una investigación más profunda del asesinato.
Khashoggi, columnista del diario “The Washington Post” abiertamente crítico con la monarquía de su país, fue presuntamente asesinado y descuartizado por agentes saudíes en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, a donde se había dirigido para tramitar su matrimonio, un suceso que generó una amplia condena en la comunidad internacional.
“Las circunstancias de la muerte han llevado a numerosas teorías y alegaciones, pero ninguna de ellas quita responsabilidad a Arabia Saudí”, sostiene la relatora.
“Se trata de un crimen de Estado, y esas sanciones particulares contra individuos son una cortina de humo que reduce la atención hacia la responsabilidad estatal”, afirma el informe de la relatora francesa, que el Consejo de Derechos Humanos tomará en consideración el próximo 26 de junio.Efe
