Foto: Archivo
Guillermo Rodríguez Rodríguez, oficial retirado, inhabilitado de ejercer cargos públicos, había sido condenado a 25 años de prisión en el 2007 por un caso de falsos positivos, quien posteriormente quedó en libertad en el 2017. Dentro de los antecedentes disciplinarios, la Procuraduría aún guarda esta inhabilidad que se le imputó por sus actos durante el conflicto, sin embargo la entidad no atendió la orden y la Corte Constitucional tuvo intervenir.
El caso de Rodriguez, es el que tiene en cuanta para la JEP en estos momentos para reafirma y explicar cómo deben tratan estos casos dentro de su jurisdiccion, ahciendo un llamado a la Procuraduría.
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La Corte Constitucional tuvo que intervenir a explicar la situación de los excombatientes y agentes del Estado que están sometido o serán sometidos bajo al jurisdicción especial para la paz, y si pueden ejercer cargos públicos aun cuando fueron en su momento inhabilitados. Por ley Constitucional sí es posible, sin embargo se atraviesan los antecedentes que se emiten desde la Procuraduría.
En este caso específico sucedió que el oficial retirado tenia la posibilidad de volver a cargos públicos aún cuando desde la JEP se le había prohibido; por esta razón le alto tribunal afirma que la procuraduría violó, ya que habrían borrado los antecedentes de el oficial, contrariando las normas de la jurisdicción especial para la paz, las normas que rige la JEP.
La procuraduría habría incurrido en violar los derechos de las víctimas en cuanto a la verdad y la reparación, los cuales son los pilares que sostienen el argumento de la JEP en la mediación de las víctimas del conflicto armado.
