Foto: Facebook @alcladiasabanagrand
La decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por 10 años a dos funcionarios del municipio del Atlántico, el alcalde de Sabanagrande, José Mario Romero Cahuana, y el secretario de Hacienda, Arot Guillermo Caballero Gómez, se debió a las irregularidades encontradas en el manejo de más de 10.579 millones de pesos, que fueron embargados a una empresa particular que cumplía con un procedimiento administrativo de cobro coactivo.
La decisión en cabeza del procurador Fernando Carrillo, fue tomada mientras el funcionario se encontraba en Barranquilla dentro de la actividad coordinada por el órgano de control, Diálogo para el Cambio Social, donde se pronunció la disposición que tiene la Procuraduría para velar por los derechos de los ciudadanos, especialmente en este departamento por las diversas denuncias de la ciudadanía en contra de las irregularidades por el PAE, la elección de los personeros y el incorrecto actuar de los diferentes funcionarios públicos.
En este caso, el Ministerio Público tomó la decisión de sancionar a los funcionarios de Sabanagrande por una apropiación de los dineros embargados, aún sin tener la autorización del uso de estos recursos en el presupuesto de rentas y gastos para el 2018, teniendo en cuenta que se desconoció la medida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento de los cerca de 11 millones de pesos ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, siendo este el único que decidiría el futuro de los recursos a través de un fallo definitivo.
Además, la Procuraduría aseguró que con respecto al proceso que se adelantaba con la empresa en cuestión, se había determinado un desembargo, por ende, debía retirarse la medida cautelar en su contra, otra falla en la incurrieron los funcionarios que fueron sancionados, entendiendo así que la conducta fue gravísima e incurrió en un delito por dolo, sin embargo, el fallo puede ser apelado por el Alcalde y el Secretario.
“Con su actuación los disciplinados vulneraron los principios de responsabilidad, moralidad e imparcialidad de la función administrativa, por cuanto dispusieron de los recursos embargados sin que existiera una decisión definitiva que les permitiera actuar de esa manera”, se lee en el comunicado de la entidad.
