Foto: Anadolu
En la primera manifestación multitudinaria luego de seis meses de restricciones por la pandemia, se levantaron carteles en contra del abuso policial y cientos mostraron su descontento por los muertos y heridos a manos de la Policía. Las manifestaciones se convocaron semanas después de la muerte de Javier Ordóñez, abogado y padre de dos niños, a manos de patrulleros en la capital colombiana.
El asesinato de Ordóñez llevó a un estallido social. Durante las protestas iniciales tras el asesinato, ciudadanos grabaron videos de agentes de Policía abriendo fuego contra manifestantes desarmados. Al menos 10 personas murieron por armas de fuego y más de 72 resultaron heridas, según las cifras entregadas por la Alcaldía de Bogotá. Todos los muertos fueron jóvenes menores de 30 años y algunos de ellos eran menores de edad.
Mientras avanza el juicio contra los dos policías directamente involucrados en la muerte de Ordóñez, muchos colombianos siguen preguntando qué cambios de fondo son necesarios en la institucionalidad colombiana para evitar los abusos de la fuerza pública.
Jerónimo Castillo Muñoz, director de estudios en seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que “sin lugar a dudas lo que se vivió en Bogotá fue dramático, pero lo más preocupante es que esto puede volver a suceder”.
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La Corte Suprema de Justicia se pronunció el pasado martes sobre los abusos policiales. En un fallo sin precedentes, el alto tribunal señaló que existe una “violación sistemática” del derecho a la protesta por parte “de la fuerza pública”, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Le ordenó al Gobierno colombiano tomar medidas que garanticen la protesta pacífica, ya que la fuerza pública está haciendo una “intervención sistemática, violenta y arbitraria” en contra de los manifestantes.
Los elementos de una eventual reforma
Para Castillo, la Policía tiene una concentración de poder muy importante y unos mecanismos de supervisión y control debilitados. “Ahí radica buena parte de los conflictos que estamos viendo en este momento”, dijo el analista en entrevista con la Agencia Anadolu.
El poder que ostenta la Policía en Colombia se puede entrever en la cantidad de recursos y trabajos que tiene bajo su control. El cuerpo realiza labores de investigación judicial, de inteligencia y vigilancia. También ayuda en la lucha contra las drogas, en el control aduanero y en el manejo de tránsito. “El Código de Policía les da un poder enorme de intervención en muchísimos aspectos. Es una mega institución”, explica Castillo.
La Policía colombiana, aunque es civil según la Constitución de 1991, tiene una arraigada cultura militar. Décadas de guerra contra las drogas y conflictos con grupos armados ilegales la convirtieron en un cuerpo con distintivas características castrenses, como armamento pesado, rangos militares y helicópteros listos para el combate. Hasta tiene una unidad de operaciones especiales militares conocido como Comandos Jungla encargada de realizar operaciones contra el narcotráfico, las bandas criminales y el crimen organizado.
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“Es una policía que no desarrolló completamente su proceso de democratización”, dice Castillo. “Tiene una cultura militar y no absorbió los principios de discrecionalidad que caracterizan a los funcionarios públicos. Es una policía muy militarizada”, añade el analista.
Entender este contexto es clave para saber lo complejo que es pedir una reforma al cuerpo. “Tenemos que hacer de alguna manera un movimiento un poco más complejo para ver cómo desconcentramos poder en la Policía, cómo mejoramos sus condiciones profesionales, cómo realmente hacemos una gran reforma”, dice el experto. Anadolu
